San Salvador, 21 de septiembre de 2022. Con el objetivo de trazar líneas de mejora encaminadas al fortalecimiento institucional que permita una gestión judicial eficiente y que asegure el acceso de las mujeres a la justicia, se realizó, en la zona oriental, el taller interinstitucional denominado: Fortalecimiento del trabajo interinstitucional hacia el aseguramiento del Derecho de Acceso de las Mujeres a la Justicia, desde la Jurisdicción Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres.
Este esfuerzo se da en el marco de cooperación interinstitucional entre la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General de la República, vinculado a lo establecido en la LEIV, LIE y Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, al identificar una serie de obstáculos en diversos procesos judiciales que se inician en los juzgados Especializados para una Vida Libre de Violencia y Discriminación de las Mujeres, específicamente en San Miguel.
A este trabajo se ha sumado la Fiscalía General de la República que permita ampliar el espacio de discusión donde confluya el personal de las instituciones obligadas a brindar un servicio de calidad y abordar la problemática existente con la mayor cantidad de insumos representativos.
Este encuentro permitió identificar situaciones problemáticas en el abordaje de la violencia contra las mujeres desde las instituciones involucradas y establecer mecanismos de coordinación que favorezcan atender esas situaciones identificadas.
La participación de instituciones involucradas en la atención y/o procesamiento de casos de mujeres, niñas y adolescentes víctimas/sobrevivientes de violencia basada en género es trascendental para el establecimiento de los puntos de mejora que se deben abordar desde el Órgano Judicial.
Es por ello que en este proceso de capacitación participó personal de las procuradurías Especializadas, Secretaría General, Talento Humano, Dirección de Asuntos Jurídicos, Unidad de Planificaciones y Desarrollo Organizacional de la Procuraduría General de la República (PGR); representantes de la Fiscalía General de la República (FGR); de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) con personal destacado en la zona oriental.
