San Salvador, 17 de marzo de 2021. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) con el apoyo de la Iniciativa Spotlight presentó los resultados de estudio que plantea los desafíos de la atención y registro de la violencia a partir de la ruta crítica de atención a la violencia sexual y feminicidio en El Salvador.
Con este estudio se pretendía conocer si los servicios que brindan las instituciones son accesibles, disponibles y de calidad para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, principalmente la feminicida y sexual.
“Los hallazgos muestran que la violencia contra las mujeres ocurre desde etapas bien temprana, que ninguna mujer se escapa de la violencia sicológica y uno de los hallazgos más importantes para nosotras es desmitificar que las mujeres ante la violencia se paralizan, ya que se evidenció que las mujeres buscan ayuda, activan rutas de atención, rompen el silencio con su familia o su entorno y que no siempre encuentran resultados”, informó Silvia Juárez, coordinadora del programa Por una vida libre de violencia para las mujeres de Ormusa.
Las mujeres también se enfrentan a diversos mecanismos de obstaculización que las inhiben a seguir una ruta, por ejemplo, si sabemos que la violencia sicológica es algo de lo que no se libran las mujeres, se esperaría que los servicios brindaran atención psicoemocional. Sin embargo, ningún servicio público cuenta con este tipo de atención, prácticamente atienden aquellas situaciones en crisis bien puntual, enfatiza Juárez
Este estudio comparó la hipótesis planteada por uno realizado en Costa Rica en el año 2000 que medía a varios países de América Latina y contrastamos con la actual situación de las mujeres cuando piden ayuda al sistema.
“El hallazgo más desalentador es que, 20 años después, esa ruta no ha cambiado nada, es decir, que persiste, que no hemos logrado cambiar nada la revictimización como un hecho constante en la atención a las mujeres. Son instancias con competencias muy limitadas y no necesariamente de coordinación interinstitucional que obligan a las mujeres a pasar de un lado a otro sin resolver su situación”, puntualizó Silvia Juárez.
También, el estudio realizó un mapa de atención en el ámbito municipal y en general, lo que evidencia es que “existe un desigual acceso a servicios y a justicia para las víctimas, puesto que muchos de ellos están concentrados en los centros de desarrollo urbano, en las urbes, en las cabeceras departamentales; en este sentido, alejados de mujeres que viven en las periferias o en las zonas rurales. De igual forma, no se encontró evidencia de acciones para favorecer el acceso de las mujeres en especial situación de vulnerabilidad, como lesbianas, con discapacidad, indígenas, migrantes, entre otras”.
En cuanto a la ruta crítica, bien lo dicen las autoras: “el hecho de que muchas mujeres se decidan a iniciar una ruta crítica, a pesar de la fuerza de los factores inhibidores, demuestra que su capacidad para indignarse, para protegerse y para no aceptar la violencia como un destino ineludible no ha podido ser eliminada, ni siquiera a través del uso de medios coercitivos. […] las mujeres maltratadas no aceptan en total pasividad la agresión, sino que esa capacidad de respuesta se mantiene latente hasta que las circunstancias se articulan y producen una situación coyuntural precipitante que las lleva a sacar todos sus recursos y a buscar ayuda”.
Además, entre las conclusiones se destacan que se carece de un presupuesto público con perspectiva de género, como política pública para promover el ejercicio de los derechos de las mujeres, su empoderamiento económico y la erradicación de la violencia en su contra. Las instituciones, tanto nacionales como municipales, carecen de presupuesto y recursos para responder a las necesidades de las víctimas en su búsqueda de apoyo.
No se cuenta con rubros específicos y asignaciones adecuadas de recursos para el trabajo de detección, atención, prevención, sanción y reparación para las víctimas. Abundan las declaraciones de buena voluntad, llámense protocolos, modelos, planes, programas e incluso políticas; sin embargo, si estas no están dotadas de recursos, no son suficientes para enfrentar la gravedad de este problema.
Las iniciativas apoyadas con recursos de la cooperación internacional han sido clave en los esfuerzos de prevención y atención de la violencia contra las mujeres; sin embargo, si estas no son verdaderamente institucionalizadas, dotadas de recursos desde el presupuesto general de la nación y reglamentadas adecuadamente, se vuelven insostenibles para las instituciones.
