San Salvador, viernes 18 de octubre del 2024. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentó, este día, los resultados del estudio Mujer y mercado laboral 2023: Impacto de las políticas fiscales en el sector de maquila textil: un análisis desde la perspectiva de género.

El informe evidencia que, aunque estas políticas han sido implementadas con el objetivo de atraer inversiones y generar empleo, han perpetuado desigualdades estructurales, afectando principalmente a las mujeres que trabajan en condiciones de precariedad y sin las garantías laborales necesarias.

El análisis se basa en datos cuantitativos y cualitativos, obtenidos principalmente de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2023), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y otras fuentes oficiales. También se incluyen testimonios y casos de denuncias laborales que exponen las vulneraciones de derechos de las trabajadoras, especialmente en los recientes cierres de maquilas, lo cual ha afectado a miles de mujeres sin acceso a indemnizaciones ni seguridad social.

Aunque las mujeres representan el 55 % de las personas en edad de trabajar, su participación en el empleo remunerado es significativamente menor que la de los hombres. Mientras el 76.8 % de los hombres en edad de trabajar han accedido a un empleo remunerado, sólo el 45.5 % de las mujeres han tenido ese acceso. Esta brecha se debe, en parte, a la distribución desigual de las responsabilidades del hogar y del cuidado no remunerado, que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. El 34.7 % de las mujeres en edad de trabajar se dedica exclusivamente a labores domésticas y de cuidado, en comparación con el 1.4 % de los hombres.

Esta exclusión de las mujeres del mercado laboral remunerado contribuye a la persistencia de la brecha salarial de género y la desigualdad económica, limitando su acceso a ingresos económicos y afectando su autonomía económica. El salario promedio de las mujeres fue de USD 344.01, mientras que el de los hombres fue de USD 403.99, una brecha salarial del 17.4 %. Además, la carga total de trabajo es un 22.4 % mayor para las mujeres, pero solo el 63.4 % de su tiempo de trabajo es remunerado, en comparación con el 83.4 % para los hombres.

El acceso al empleo formal que mejora las condiciones de ingreso es también limitado para las mujeres. En marzo de 2023, el salario promedio en el sector formal fue de USD 630.10. La brecha salarial en este sector es menor que en el general, con las mujeres ganando un promedio de USD 595.76 y los hombres USD 652.54, una diferencia del 9.5 %. Sin embargo, solo el 14.3 % de las mujeres en edad de trabajar accede a empleos formales frente al 26.1 % de los hombres.

A pesar de una recuperación general del empleo posterior a la pandemia del COVID-19, las brechas de género persisten. Para septiembre de 2021, los empleos formales ocupados por hombres aumentaron un 18.2 %, mientras que los ocupados por mujeres sólo crecieron un 7.9 %. En marzo de 2023, el sector privado reportaba 463 119 hombres y 302 615 mujeres con empleo formal, reflejando una predominancia masculina en el empleo formal y persistentes barreras de género para las mujeres.

El ritmo de generación de empleos formales en el sector privado ha disminuido con una variación interanual del 4.5 % en marzo de 2023, significativamente menor que el 9 % en marzo de 2022. Esta desaceleración podría agravar las desigualdades de género, ya que las mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos formales.

Uno de los principales mecanismos usados por los gobiernos en la política económica ha sido la creación de marcos de beneficios fiscales, con la intención de dinamizar la inversión. Sin embargo, existe falta de evaluación sistemática y transparente del costo y beneficio de estos incentivos fiscales.

La investigación evidencia que se iniciaron algunos esfuerzos para medir el gasto tributario asociado a las exenciones fiscales, aunque estas prácticas no se institucionalizaron y se abandonaron en años recientes. Esto ha resultado en una falta de rendición de cuentas e incapacidad para medir de manera efectiva si las exenciones fiscales cumplen con los objetivos de crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social.

El impacto financiero de los incentivos fiscales es considerable. La Ley de Zonas Francas y de comercialización, LZFIC ha representado una porción significativa del gasto tributario en El Salvador, con estimaciones que muestran que, en 2017, los beneficios fiscales bajo esta ley constituían el 12.14 % del gasto tributario total y el 2.66 % de la recaudación total.

Un hallazgo crucial es la naturaleza regresiva de los beneficios fiscales otorgados que tienden a favorecer a sectores específicos, como la maquila textil, en detrimento de otros sectores económicos y actividades esenciales. La maquila de confección, por ejemplo, tributa solo el 3.2 % de su valor agregado bruto (VBA), una tasa significativamente inferior al promedio de tributación de la industria manufacturera y otros sectores esenciales como el suministro de agua y la atención a la salud humana.

La maquila textil representa el 7.2 % del empleo formal en el sector privado, emplea al 61 % de mujeres. Sin embargo, las trabajadoras en este sector enfrentan salarios bajos y condiciones laborales difíciles. En marzo de 2023, el salario promedio de las mujeres en la maquila textil era de USD 426.23, un 28.5 % por debajo del promedio general del sector privado, y el de los hombres era de USD 526.78, un 19.3 % menor. La brecha salarial en la maquila textil es del 23.6 %, significativamente mayor que la brecha del 9.5 % en el sector privado en general. Debe tomarse en cuenta que este es un cálculo promedio de salarios en el sector donde existen salarios diferenciados para operarias, supervisoras y gerenciales, estas últimas que pueden llegar a devengar entre 4000 o 5000 dólares. El salario mínimo vigente en la maquila textil es de 359.15.

Este escenario configura una serie de vulnerabilidades y desigualdades agudizadas en sector textil y de manufactura, tanto desde las amplias brechas salariales, la falta de protección social, como el uso del tiempo y las diversas particularidades en la exigencia de trabajo a las mujeres, las coloca en condición de sobreexplotación laboral y profundización de las desigualdades de género existentes en la sociedad salvadoreña.

El enfoque en la reducción del Estado y la promoción de un libre mercado total puede llevar a una desprotección de los derechos laborales y una precarización de las condiciones de trabajo. En un contexto donde se privilegia la atracción de capital extranjero a través de beneficios fiscales, es probable que se desatiendan las necesidades de regulación laboral y protección social.

Además, la expansión de beneficios fiscales sin una adecuada evaluación y control puede resultar en una competencia desleal entre empresas nacionales y extranjeras. Las empresas locales que no reciben estos incentivos pueden verse en desventaja, lo que podría limitar su capacidad para crecer y competir en el mercado. Esto no solo afecta a la competitividad de la economía local, sino que también puede conducir a una mayor concentración de riqueza y poder en manos de empresas extranjeras.

Las recomendaciones resultantes de esta investigación se enfocan en:

• Revisión y evaluación de incentivos fiscales: institucionalizar la evaluación periódica y transparente de los beneficios fiscales para medir su impacto en el crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social. Esto incluye una revisión crítica de la Ley de Zonas Francas (LZFIC) y otros mecanismos de exención fiscal.
• Aumento de la progresividad fiscal: incrementar la carga tributaria sobre las grandes corporaciones y sectores que actualmente tributan menos, como la maquila textil que contribuye solo con el 3.2 % de su valor agregado bruto. Esto permitirá una redistribución más justa de los recursos y mayor financiamiento para programas sociales.
• Eliminación de exenciones ineficientes: reducir o eliminar exenciones fiscales que no demuestren un claro beneficio en términos de creación de empleo formal y desarrollo económico inclusivo. Los recursos liberados pueden ser redirigidos hacia inversiones en infraestructura social y programas de empleo.
• Fortalecimiento de la inspección laboral: ampliar y fortalecer la capacidad de las inspecciones laborales para asegurar el cumplimiento de las leyes laborales, incluyendo sanciones efectivas contra las empresas que violen derechos fundamentales como el pago de salarios y condiciones de trabajo seguras.
• Protección de personas trabajadoras en el sector informal: desarrollar programas específicos para integrar a las personas trabajadoras informales en el sistema de seguridad social y proporcionarles acceso a beneficios laborales. Esto implica facilitar la transición al empleo formal a través de incentivos y apoyo técnico.
• Ratificación y aplicación de convenios internacionales sobre trabajo: en particular el Convenio 177 de la OIT sobre derechos de trabajadoras a domicilio, el Convenio 189 sobre trabajo doméstico remunerado (no ratificados), y el Convenio 190 en contra del acoso sexual y laboral en los lugares de trabajo (en vigor desde junio de 2023).
• Institucionalidad en defensa de los derechos laborales: fortalecer los mecanismos legales y de acompañamiento institucional para hacer cumplir con las obligaciones patronales de empresas ante el cierre de sus operaciones.

Para promover mayor equidad económica y financiar políticas sociales es fundamental establecer una política tributaria progresiva para asegurar que los sectores con mayores capacidades contributivas aporten de manera justa. Actualmente, la falta de evaluación sistemática de los incentivos fiscales y su impacto regresivo favorecen a sectores específicos, en detrimento de otros.

El evento fue presidido por Carmen Urquilla, coordinadora del Programa Justicia Laboral y Económica de ORMUSA y José Luis Magaña, consultor en políticas económicas y sociales.