San Salvador, viernes 30 de abril del 2021. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), presentó los resultados del estudio Mujer y mercado laboral 2020: Medidas para la recuperación del empleo.

En El Salvador, la pandemia de la COVID-19 irrumpe en un contexto en el que el mercado laboral se caracteriza por su precariedad, con una proporción importante de la población insertada como cuenta propia o como trabajadoras informales, lo que deriva en baja cobertura de la seguridad social. La pandemia de la COVID-19 trajo consigo el desarrollo de una crisis sanitaria, social y económica, con efectos negativos en el crecimiento económico, en la pobreza y en el nivel de empleo.

El impacto en el empleo puede evidenciarse en cantidad de personas cotizantes al ISSS respecto a febrero de 2020. La mayor reducción se registró en junio con un diferencial de 71 849 y en los meses subsiguientes se observa el inicio de la recuperación. A diciembre de 2020, todavía había una diferencia de 35 000 puestos de trabajo respecto a febrero 2020 (Instituto Salvadoreño del Seguro Social ISSS, 2021).

En el caso de las mujeres, las mayores pérdidas de empleo se encuentran en las actividades de manufactura (con pérdida de 10 258); sigue la actividad de comercio, restaurante y hoteles, transporte y almacenamiento (con pérdida de 9742) y actividades profesionales, científicas técnicas y de servicios de administración de apoyo (con pérdida de 4918). En los hombres, las mayores pérdidas están en las actividades de construcción (con pérdida de 13 269); le sigue la actividad de comercio, restaurantes y hoteles, transporte y almacenamiento (con pérdida de 11 441), actividades profesionales, científicas técnicas y de servicios de administración y apoyo (con pérdida de 7219) y construcción (con pérdida de 7008).

No se tiene información sobre el impacto en el empleo del sector informal en el país, aunque la tendencia en la región de América Latina es que, contrario a la crisis que tienen un origen económico y que llevan al aumento de la informalidad que actúa como un mecanismo de “escape”, en esta crisis de origen sanitario, el ajuste está asociado con una pérdida del empleo total, especialmente de puestos de trabajo en el sector informal. De acuerdo con (CEPAL/OIT 2020), la reactivación de los mercados laborales en la región será lenta y se necesitará mucho tiempo para que los principales indicadores laborales regresen a los niveles previos a la crisis sanitaria.

En el contexto de la COVID-19, la protección a la estabilidad del empleo fue muy limitada en América Latina y únicamente México y Argentina establecieron prohibiciones a despidos. En El Salvador, una de las figuras más utilizadas fue la suspensión de contratos. En la práctica hubo casos en los que se conminó a trabajadoras y trabajadores a la suspensión de contratos “de mutuo acuerdo”. En las opiniones que se recolectaron con el funcionariado, expresaron que se enfrentaron a situaciones nuevas, como la necesidad de mantener el distanciamiento social para la contención de la pandemia, lo que implicó la utilización de medios como el teléfono, el WhatsApp, las redes sociales como mecanismos principales de atención. De acuerdo con estas mismas fuentes, también hubo situaciones de despidos indirectos o de despidos “disfrazados” y simplemente nunca se notificó el regreso a la actividad económica y en otras situaciones, cuando la persona se presentaba al centro de trabajo no se le permitía el ingreso. Además, se identificaron casos en los que las empresas quebraron y si bien las personas trabajadoras pueden ganar su caso, no recibirán beneficios más allá “del papel”.

Tanto representantes de organizaciones sindicales como de entidades del sector justicia que se entrevistaron para el desarrollo de la investigación, coinciden en señalar que las medidas destinadas a garantizar la estabilidad laboral, lograron la protección de quienes laboran en el sector público, pero que no así a personas que trabajan en el sector privado o por cuenta propia.

En el marco de esta investigación se levantó un cuestionario a 384 personas, cubriendo los 14 departamentos del país e incluyendo a personas que trabajaban de manera remunerada (tanto en actividades formales como informales, en trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia) y otras que no realizaban actividades económicas para generar ingresos. Los principales hallazgos fueron:

• En febrero de 2020, el 76.1 % de las mujeres y el 74.9 % de los hombres entrevistados realizaban alguna actividad económica para generar ingresos. Durante el período de la cuarentena, los porcentajes se redujeron a 34.4 % y 32.0 % respectivamente.
• En octubre ya se evidencia la recuperación y los porcentajes pasaron a 63.2 % de las mujeres y 70.9 % de los hombres realizaban actividades económicas para generar ingresos. Sin embargo, la recuperación ha sido más rápida entre los hombres que entre las mujeres, y respecto al punto inicial, la diferencia en octubre en las mujeres es de -12.9 y de los hombres es solamente de -4.0.
• De las mujeres que continuaron realizando actividades económicas durante el período de cuarentena, el 34.7 % eran el único ingreso de su hogar.
• Entre quienes realizaron actividades económicas durante la cuarentena, la mayor parte de mujeres (51 %) y de hombres (50 %) continuaron con la misma actividad económica, pero el 22.2 % de las mujeres y el 16.1 % de los hombres tuvieron que iniciar una nueva actividad económica.
• Las personas que continuaron generando ingresos durante la cuarentena, son mayoritariamente aquellas que tenían acceso al teletrabajo y que se caracterizan por tener mayores niveles educativos. El 80.0 % de las mujeres y el 82.6 % de los hombres que realizaron teletrabajo tenían niveles de educación superiores al bachillerato.
• Respecto al tiempo de trabajo, mujeres y hombres manifestaron que trabajaron más horas durante la cuarentena que antes, mientras más del 40 % manifestó que trabajaron menos horas.
• Durante la cuarentena el 62.5 % de las mujeres y el 51.9 % de los hombres que continuaron trabajando indicaron que el trabajo doméstico se incrementó.
• Respecto a las medidas para sostener las necesidades básicas de la población: [a] El 67 % de las mujeres y 70 % de los hombres ha recibido paquetes alimenticios del GOES; [b] 41.1 % de las mujeres y 37.1 % de los hombres ha recibido paquetes alimenticios de las alcaldías. [c] 27.3 % de las mujeres y 18.3 % de los hombres, recibió el bono de USD 300.00 proporcionados por el GOES. [d]También se activaron redes con apoyo de alguna persona familiar en el extranjero o en el país (mujeres: 19.2 % y hombres 19.4 %). [e] Un mayor porcentaje de mujeres (18.2 %) que de hombres (16.0 %) manifestó no recibir ninguna ayuda.
• Los principales problemas percibidos son la falta de dinero, no poder pagar recibos, la falta de trabajo, no salir del encierro. En todos los casos, las afectaciones son percibidas con mayor intensidad por las mujeres que por los hombres.

Las principales recomendaciones en materia de política publica son las encaminadas a:

• Potenciar las políticas activas del mercado de trabajo (intermediación laboral y formación profesional) para facilitar la reconversión de las personas trabajadoras para adaptarse a las nuevas tendencias especialmente al teletrabajo y al comercio electrónico, estas medidas deben ser implementadas por las instituciones que son parte del sector de trabajo y previsión social.
• Desarrollo de políticas de corresponsabilidad social de los cuidados encaminadas a reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidado de niñez, de personas mayores y otras personas dependientes que es absorbido, mayoritariamente, por mujeres.
• Fortalecer la labor de inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través del establecimiento de un nuevo marco jurídico, institucional de la Inspección de Trabajo que, dentro de la realidad que ha develado la pandemia por la COVID-19 y las posibilidades económicas del país, vele porque las personas empleadoras y empleadas cumplan y respeten las disposiciones legales relativas al trabajo y la seguridad social.
• El apoyo que proporciona el BANDESAL y la CONAMYPE a las iniciativas económicas debe tener un enfoque de integralidad, tomando en cuenta la creación de instrumentos para todos los segmentos empresariales, particularmente los más pequeños y de menor formalidad en los que se concentran las mujeres y que son importantes fuentes de empleo y de ingresos para una significativa parte de la población salvadoreña.

Promover la ratificación del Convenio 173 y Recomendación 180 sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador.

El evento fue presidido por la ingeniera Carmen Urquilla, coordinadora del Programa Justicia Laboral y Económica de ORMUSA, la licenciada Marisol Ochoa representante de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la economista responsable de la investigación, Silvia Margarita Rubio.