La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) muestra su indignación y repudio ante los resultados de un proceso judicial contra el magistrado de Cámara, Eduardo Jaime Escalante Díaz, por el delito de agresiones sexuales en contra de una niña de 10 años.

Este hecho, es una evidencia de todos los mecanismos de autoprotección que operan en el sistema patriarcal y se suma al 98% de los hechos de violencia sexual que, en promedio, no tienen condena a pesar de la denuncia.

Es importante recordar que la violencia sexual, tal como se define en la LEIV, es toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en esta no solo el acto sexual sino toda forma de contacto o acceso sexual, genital o no genital, con independencia de que la persona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima.

La violencia sexual contra las niñas y mujeres representa mucho más que la invasión y el acceso forzado al cuerpo, no sólo por las lesiones físicas o psíquicas a largo plazo, o la usurpación de la credibilidad; ya que a las víctimas suele descalificárseles al revelar su situación, lo cual como evidencia la violencia sexual en nuestro país trae muchas veces consecuencias como el embarazo o las uniones forzadas.

Condenamos toda práctica que favorezca la impunidad, especialmente contra la violencia institucional que impide el goce de los derechos humanos de las niñas y mujeres y coloca en riesgo nuestra vida e integridad al minimizar, tolerar, exculpar o justificar la violencia contra las mujeres y niñas, por lo que exigimos:

• Una revisión profunda a las diversas expresiones de tolerancia de las violaciones de derechos humanos contra las mujeres y niñas, como la inmunidad, fuero, inviolabilidad o amnistías, fundamentaciones sesgadas que solo favorecen la impunidad y son una expresión de la violencia institucional.
• Al sistema de justicia, identificar las diferentes fuentes de protección que impiden el acceso a la justicia para las niñas y mujeres, especialmente aquellos mecanismos internos de selección, depuración y disciplinarios por violaciones a derechos humanos de las mujeres, pero también, por negligencia en su competencia de aplicar los estándares de derechos humanos, y pronunciarse sobre la no tolerancia de estas prácticas desde su interior, esto es, desde su funcionariado.
• A las instituciones del Estado, su compromiso real de no tolerar prácticas de violencia contra las mujeres y niñas, considerando que es incompatible la relación servidor público y violador de derechos humanos de las mujeres, imponiendo castigos ejemplarizantes a los agresores, además de la prestancia a la protección de las víctimas.
• A la Asamblea Legislativa, la revisión de legislación que da sustento a la vigilancia de la administración de justicia.
• A la población salvadoreña, a pronunciarnos y manifestar nuestra indignación y repudio frente a este hecho que atenta de nuevo contra la seguridad de las niñas, adolescente y las mujeres en general en su curso de vida.

¡Tocar o manosear a una niña SÍ es delito!

San Salvador, 3 de noviembre de 2019