La Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (REDFEM), espacio que acoge a tres organizaciones feministas defensoras de derechos humanos de las mujeres y que tiene como objetivo primordial contribuir a que más mujeres ejerzan su ciudadanía para vivir libres de violencia, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, expresa preocupación ante la situación de violencia contra las mujeres como un hecho recurrente y de graves violaciones a derechos humanos.
El Salvador cuenta entre sus avances logrados desde las mujeres:
- Contar con legislación especializada para atender la discriminación y la violencia contra las mujeres[1], permitiendo que las mujeres identifiquen su situación y existan servicios para su intervención,
- Acercarse a tener un subsistema de protección específico y especializado, en un contexto de al menos 20,000 hechos de victimización anual en una medición de tan solo 5 indicadores[2].
- Aproximarse a la dimensión del problema y atender desde la evidencia estadística las situaciones de mayor urgencia, mostrando el carácter masivo del problema y con ello la demanda de presupuestos y políticas públicas proporcionales a la situación.
Pero estos avances, en una gestión que no prioriza la igualdad como un asunto de desarrollo y democracia, desaceleran el progreso para las mujeres y el país, a la vez que instalan o refuerzan un imaginario que desencadena mayores victimizaciones y riesgos para las mujeres especialmente las nuevas generaciones de niñas y adolescentes que crecen bajo la idea de que su humanidad no es lo suficientemente relevante para un Estado como para que defina políticas públicas específicas que frenen la discriminación y la violencia que sufre.
A la fecha, no se dispone del Informe anual 2021 sobre hechos de violencia contra las mujeres que emitía el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres (SNDVM) de la DIGESTYC. Para 2022, como no se cuenta con acceso a información en las instancias públicas correspondientes, ORMUSA por medio de su monitoreo de medios contabilizó 51 feminicidios, de enero al 20 de noviembre de 2022, de estos 17 fueron feminicidios de pareja.
En este contexto, las organizaciones que integran la REDFEM elaboraron el Informe de la situación de violencia contra las mujeres, 2022 que evidencia, entre otros, los siguientes hallazgos:
- Desinterés por garantizar de manera contundente los derechos de mujeres, niñas y adolescentes por parte de la institucionalidad pública.
- Estancamiento de los pocos avances logrados en la implementación de la LEIV y LIE y consecuentemente el retroceso en la consolidación de un Estado democrático capaz de garantizar la protección y vida de las mujeres.
- Aun cuando se dispone de unidades especializadas de atención a las mujeres víctimas de violencia, como parte de los mandatos de la LEIV, estos servicios no son integrales, ni inclusivos y por ende obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas. Ante ello, muchas entidades de derechos humanos de la sociedad civil y sobre todo las organizaciones de mujeres feministas y no feministas, han asumido la tarea de asistencia y orientación a mujeres víctimas desde un enfoque sensible al género.
- Tampoco se observan avances en la especialización del personal operador público, lo que provoca una inadecuada aplicación de las leyes y actitudes revictimizantes en contra de las mujeres en condición de violencia usuarias de los servicios públicos, falta de monitoreo y evaluación que mida el nivel de efectividad de los mismos.
- El informe realizó un énfasis en la situación de las mujeres con discapacidad, que evidencia diversas manifestaciones de violencia que son muy peculiares debido a su género y su condición de discapacidad, por ejemplo, muchas de ellas son esterilizadas desde muy jóvenes sin tomar en cuenta su opinión, destinadas al trabajo doméstico y del cuidado sin remuneración, se les niega la oportunidad de formación académica y laboral, limitando su independencia económica y desarrollo de vida, lo cual aumenta las posibilidades de enfrentar violencia intrafamiliar y sexual, entre otras formas de violencia.
- Entidades públicas con competencia en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes con débiles presupuestos financieros, lo que se traduce en falta de implementación de los marcos normativos como la LEIV destinadas a la atención, sanción, detección y prevención de la violencia contra las mujeres.
- Inconsistencia en los registros de datos de las entidades públicas generadoras de información sobre la situación de violencia contra las mujeres, lo que provoca falta de fiabilidad de los mismos, además de información poco desagregada.
- Ausencia de un sistema general de información completa y funcional que registre de manera precisa, datos de las personas con discapacidad.
- El acceso a la justicia sigue siendo una vía inaccesible, dificultosa y poco conveniente para las mujeres víctimas de violencia, ya que es doblemente violentada debido a la injerencia de prejuicios sexistas, lo que se traduce en resoluciones favorecedoras de los agresores y en una ausencia de reparación integral que conlleve a la garantía de la no repetición de los hechos de violencia, a una indemnización justa, restitución, rehabilitación y satisfacción de acuerdo a los establecido en estándares internacionales.
- Discurso oficial que califica a organizaciones de sociedad civil como grupos opositores provocando persecución de entidades defensoras de derechos humanos, lo cual ha impactado negativamente en las alianzas construidas con la institucionalidad pública a favor de la protección y defensa de los derechos de las mujeres, tanto en lo nacional como local.
Ante ello, EXIGIMOS:
- Que el Estado cumpla las obligaciones y compromisos adquiridos con la ratificación de convenciones y tratados internacionales y normativas internas, referidos a la detección de la violencia, atención integral de las víctimas, protección efectiva, acceso a justicia, reparación integral y prevención de la violencia.
- Que el Estado asuma un verdadero compromiso con la erradicación de la violencia y discriminación contra las niñas, adolescentes y mujeres, puesto que es una de las principales problemáticas que afecta sus vidas, lo cual tiene un impacto en el desarrollo como país.
- Cumplimiento del mandato de disponer de todos los medios apropiados como presupuestarios, de infraestructura, de legislación interna, debida diligencia en los mecanismos de abordaje, para la intervención oportuna de la violencia contra las mujeres.
- Fortalecer un sistema estadístico nacional que favorezca acercarse a dimensionar el problema y la condición, situación de las mujeres, especialmente aquellas con mayor exclusión.
Los resultados del informe de la situación de la violencia contra las mujeres 2022, la actualización del Índice de seguridad de las mujeres y la campaña que se implementa para darlo a conocer fue presentado por Silvia Juárez y América Romualdo en representación de la REDFEM en un conversatorio con periodistas. Esta actividad contó con el apoyo de la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y el Gobierno Vasco.
