San Salvador, 12 de agosto de 2021. Organizaciones de la sociedad civil salvadoreña presentaron hoy el informe ¿Fiscalía Cómo Vamos? Auditoría ciudadana al funcionamiento de la Fiscalía General de la República de El Salvador, el cual brinda un análisis crítico de la situación y desempeño de esta entidad con la finalidad de contribuir a promover y fortalecer su autonomía y eficiencia.

Datos recogidos en el Informe reflejan que la Fiscalía General de la República (FGR) históricamente ha enfrentado limitaciones de cobertura y alcance para la operatividad de sus actividades, lo que ha provocado un grave debilitamiento institucional en su capacidad para llevar a cabo la investigación y persecución de crímenes. Muestra de ello son los bajos niveles de judicialización y condenas que ha alcanzado: en el período 2013-2018, la FGR registró un total de 24,285 casos con resultado de condena, lo que representa el 4.6% del total de casos registrados como iniciados (582,976) y el 13.87% en comparación con los casos registrados como judicializados (175,149) en el mismo período.

Los problemas y las deficiencias acumuladas durante años, y que no han sido resueltas por la Fiscalía en sucesivas gestiones, alimenta un marco de impunidad y de desconfianza de la población hacia la FGR. Ante esta situación, el Informe de auditoría ciudadana busca ser una contribución útil y constructiva desde un esfuerzo coordinado de un grupo de organizaciones de la sociedad civil promotoras de la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos en El Salvador.

El Informe provee un balance detallado de la operatividad de la FGR, enfocándose en ocho temas de interés clave para evaluar su desarrollo y desempeño como institución capaz de defender el Estado de derecho y hacer frente a la impunidad: (i) la designación del fiscal general adjunto, (ii) el funcionamiento y nombramiento del Consejo Fiscal y del Auditor Fiscal, (iii) la transparencia y el acceso a la información fiscal, (iv) la persecución criminal estratégica (v) la existencia de mecanismos de control y rendición de cuentas, (vi) el relacionamiento y apertura institucional a víctimas, (vii) la calidad de investigación y persecución de delitos de impacto social, y (viii) la relación con un mecanismo internacional de apoyo, como fue el caso de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

Entre los principales hallazgos identificados en el Informe, se encuentran:

• Alto grado de opacidad en el procedimiento y valoraciones para nombrar al Fiscal General Adjunto (FGA), que por a la importancia del cargo debe acreditar los mismos méritos y capacidades que su titular. Preocupan particularmente los graves cuestionamientos que pesaban sobre FGA del período evaluado: su falta de investigación administrativa y el posible incumplimiento de los requisitos de competencia y moralidad notorias.
• También en el período estudiado se detecta una opacidad similar en la decisión de mantener como Auditor Fiscal a quien estuvo en el mismo cargo desde 2011. En el caso del Consejo Fiscal, la información obtenida indica que el funcionamiento de este órgano no ha estado orientado hacia el fortalecimiento institucional, sino que se ha limitado a ejercer competencias sancionatorias en casos puntuales.
• La FGR mantiene importantes desafíos históricos en materia de transparencia activa y acceso a la información. La calidad y cantidad de información proporcionada por los canales oficiales de la Fiscalía (sitio web, portal de transparencia y redes sociales) debe mejorar para que sea suficiente, completa y oportuna; y, así permitir una rendición de cuentas real sobre asuntos de alto interés público, como la eficacia/efectividad en la investigación y persecución de la criminalidad.
• En materia de persecución penal estratégica, la FGR cuenta con políticas de persecución penal especializadas en materia de violencia contra las mujeres y de crímenes de guerra y de lesa humanidad. No obstante, la FGR debe transparentar si tales políticas se han traducido en planes de acción y cuáles son los indicadores de medición de su progreso con el objetivo que la ciudadanía conozca si estas políticas ejecutadas han sido efectivas, cuáles han sido los obstáculos encontrados y qué medidas se han tomado o se tomarán para superarlos. Adicionalmente, la FGR debe elaborar –con participación de la ciudadanía– y aprobar nuevas políticas para hacer frente a los fenómenos criminales de relevancia social.
• Los informes anuales de labores que produce actualmente la FGR no son mecanismos adecuados de rendición de cuentas; ya que carecen de un análisis de los avances y progresos obtenidos respecto de las estrategias y metas que la propia institución se ha planteado para cada período. La información es insuficiente para realizar un seguimiento de la institución y verificar el uso de los fondos que tiene asignados.
• Si bien la institución mostró, en el período evaluado, un discurso de mayor sensibilidad al fenómeno de la desaparición de personas y de la violencia contra las mujeres, la FGR aún debe superar su silencio e inactividad en casos que afectan los derechos de las personas LGBTIQ+ y la urgente necesidad de una política de persecución penal por crímenes de odio, casos de ejecuciones extrajudiciales y otros colectivos. Es necesario un acercamiento institucional más próximo a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos.
• La FGR no ha obtenido resultados contundentes en casos emblemáticos sobre crímenes ocurridos en el conflicto armado, crímenes de odio por orientación sexual, identidad o expresión de género, ni mucho menos sobre casos de gran corrupción. Tampoco ha mostrado avances en los casos de detenciones arbitrarias o corrupción vinculados a la pandemia del COVID-19, que involucran a personas funcionarias de gobierno. Aunque obtuvo importantes sentencias condenatorias en los casos de feminicidios, se aprecia una “caída extrema” en la judicialización de otros delitos por hechos de violencia basada en género.
• Desde sus inicios la relación de la FGR con la CICIES se produjo en un marco de preocupante opacidad por parte de la primera. Es importante que se dé a conocer a la ciudadanía los resultados de la asistencia técnica en los casos en que este mecanismo cooperó, así como los avances y resultados que se van obteniendo. Luego de la abrupta ruptura del gobierno de El Salvador con la CICIES, la responsabilidad de los avances en las investigaciones sobre los avisos que presentó la extinta Comisión recae exclusivamente en la FGR.

Cabe destacar que desde 2020 las organizaciones autoras del informe realizan esfuerzos por colocar en el debate público la necesidad de contar con una FGR autónoma y libre de presiones externas, así como la importancia de fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas para enfrentar la crisis de impunidad que vive El Salvador.

El informe es una iniciativa conjunta de Acción Ciudadana, Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Asociación Azul Originario (AZO), Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS), Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, Fundación Cristosal, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).

Notas para el editor

• El informe está disponible en: bit.ly/AuditoriaCiudadanaFGR
• Para solicitar una entrevista u obtener más información, póngase en contacto con:
  • Karen Arita Ramos

Coordinadora de Comunicaciones / Due Process of Law Foundation (DPLF)

karita@dplf.org | (+504) 3373-5772