En el marco del Día Internacional de la clase trabajadora, movimientos sindicales, feministas y LGBTI nos manifestamos ante la profunda crisis social que estamos viviendo y que castiga a nuestras comunidades más empobrecidas. Aunque debido a las medidas ejercidas por el Gobierno de Bukele para contener el COVID-19, las calles se encuentren vedadas y silenciadas a las tradicionales marchas que conmemoran la gesta histórica de los Mártires de Chicago, no podemos dejar de denunciar las injusticias y la represión de las políticas neoliberales, militaristas y antidemocráticas que atentan actualmente contra la dignidad y la vida misma de la población salvadoreña.  

El COVID-19 ha destapado las caras más crueles de la precariedad y la desprotección social. La cuarentena domiciliar obligatoria impuesta por la Presidencia de Bukele, ha impactado con mayor fuerza a las personas empleadas de forma precaria, es decir, sin ingresos estables, sin seguridad social y al margen de la legislación laboral, que en el país representan a más de la mitad de la clase trabajadora. Las medidas improvisadas por el Gobierno de turno, como la entrega de un bono de USD 300, aunque han paliado temporalmente la situación de muchas familias, no alcanzarán para mantener confinadas a cientos de miles de personas que subsisten de los ingresos que ganan día a día por más de un mes.

Para una gran parte de quienes están empleadas en el sector formal de la economía, la situación también ha sido complicada. Hemos conocido de la suspensión de contratos laborales, impago o reducción de salarios, despidos y otras acciones que afectan directamente los ingresos de gente trabajadora. Estos casos se han dado en grandes empresas, como maquilas textiles, turísticas y hasta de aviación, y a pesar de que las gremiales empresariales aducen ahora “que no pueden cubrir los salarios”, es bueno tener en mente que las ganancias netas de los grandes contribuyentes superaron los 1,500 millones de dólares en 2019[1].

Los plazos judiciales están suspendidos y las demandas laborales por las violaciones patronales están esperando la justicia. Una multa no resuelve el problema, es el trabajo lo que se necesita y el Gobierno se muestra débil en el cumplimiento de este derecho. Las mesas sectoriales y demás espacios tripartitos aún no se pronuncian sobre este punto. La mayoría de medidas que están siendo implementadas o se buscan implementar, como el “plan de reactivación económica” negociado entre el Ejecutivo y las gremiales empresariales, serán financiadas con deuda pública por un valor que puede ascender a 3 mil millones de dólares, que se sumarán a los casi 19 mil millones que ya tenemos y por los cuales pagamos 1 mil millones de intereses el año pasado. Además, el Gobierno ya se comprometió con el FMI a que en el mediano plazo tomarán medidas de reajuste fiscal, que pueden incluir aumentos del IVA, recargando el pago por la crisis actual sobre los hombros de la clase trabajadora.

Todo lo anterior se suma a otras condiciones de precariedad que ya afectaban a nuestra población anteriormente como el desabastecimiento de agua potable, la inseguridad ciudadana, la frágil salud mental, la exclusión social de la población LGBTI, etc. Una problemática especialmente agravada en esta coyuntura ha sido la distribución desigual del trabajo del hogar entre los géneros, así como la violencia de género que sufren las mujeres, y que ya ha cobrado la vida de casi una docena de mujeres. Todas estas situaciones han logrado poca o nula atención por parte de las instituciones de Gobierno durante estos tiempos de emergencia.

El COVID-19 también ha destapado las caras más represivas y antidemocráticas del Gobierno de Bukele. Según el primer informe presentado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en poco más de un mes han documentado cientos de detenciones arbitrarias y abusos de autoridad en el país por parte de elementos de la PNC y las Fuerzas Armadas y, a pesar de que la Sala de lo Constitucional resolvió que este accionar era ilegal, el Ejecutivo ha desconocido sus resoluciones, demostrando un completo irrespeto por el estado de derecho. Al mismo tiempo, la maquinaria comunicacional del Gobierno no ha descansado para promover campañas de tergiversación de los hechos y estigmatización contra los sectores críticos de sus arbitrariedades, ante lo que buena parte de la opinión pública aún no logra quitarse la venda.

ANTE ESTA REALIDAD EXIGIMOS:

• Al presidente de la República, respetar el marco constitucional y los derechos humanos de toda la ciudadanía, que busque acuerdos con los sectores organizados de la clases populares, academia y otras fuerzas vivas de la sociedad civil que deseen apoyar las acciones de contención de la pandemia; garantizar que las instituciones de tutela de los derechos las mujeres ejerzan su complimiento en el marco de la cuarentena;
• A la Asamblea Legislativa, crear instrumentos legales que permitan garantizar con claridad los derechos laborales, especialmente el pago de salarios durante el periodo de emergencia;
• Al ministro de Salud, velar porque las condiciones de las personas que se encuentran en centros de contención reúnan condiciones dignas, evitar detener a personas más allá de su periodo de cuarentena y asegurarles el acceso a su información de salud; garantizar las condiciones óptimas para que el personal sanitario realice sus labores, incluyendo transporte y alojamiento adecuados;
• Al ministro de Trabajo, que fortalezca la tutela con eficiencia y eficacia los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, especialmente de quienes trabajan en la actual emergencia sanitaria;
• A la Fuerza Armada y PNC, abstenerse de cometer abusos de autoridad que conllevan a la violación de derechos humanos;
• A los empresarios, garantizar la estabilidad laboral y económica de las personas trabajadoras que se encuentran en la cuarentena domiciliar y las medidas de bioseguridad de las personas que están laborando en los sectores productivos que están activos;
• Al fiscal General de la República, que mantenga la autonomía de la institución que preside y que garantice el imperio de la Ley ante las arbitrariedades;
• Los programas de reparación al impacto COVID-19 deben ser integrales e inclusivos que permitan encontrar diferentes soluciones a grupos diversos como mujeres, personas trabajadoras independientes, trabajadoras del hogar remunerado, bordadoras a domicilio, colectivo LGBTI, etc.
• A las fuerzas progresistas del país, a articularnos y organizarnos por la lucha de reformas en los sistemas fiscal y de pensiones que protejan a la clase trabajadora del pago de deudas multimillonarias;

¡Por una reactivación económica concertada con la clase trabajadora!

¡Por un sistema público de pensiones!

¡Por una reforma fiscal progresiva!

NUESTROS DERECHOS NO ESTÁN EN CUARENTENA

SAN SALVADOR, 1 DE MAYO DE 2020

[1] Calculado con base en los 73.7 millones de dólares recaudados en 2019 por el Ministerio de Hacienda en concepto de la Contribución Especial para Seguridad Pública a los Grandes Contribuyentes (5 % de todas las ganancias netas arriba de USD 500,000).