San Salvador, 30 de julio de 2024. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), a través del Observatorio Género y Justicia Ambiental, celebró el conversatorio sobre el impacto de la contaminación ambiental de la industria, en El Salvador, en el marco del convenio «Manos que Alimentan», iniciativa que promueve la seguridad alimentaria y la justicia ambiental.
En el conversatorio, participó el Director del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador (LABTOX- UES), Oscar Amaya, exponiendo sobre la presencia e impactos de los microplásticos en arena de playas y agua marina en El Salvador; así como Ivania Minero, de la Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador (CORDES), quien analizó los contaminantes industriales que afectan la nutrición y la seguridad alimentaria de la población.
Algunos impactos de la contaminación industrial en la salud y el bienestar de la población, son diversos. Entre ellos, se reflejan en la disponibilidad y calidad del agua. Por ejemplo, el 86 % del agua en El Salvador tiene calidad mala o muy mala, que limita su uso para el consumo humano y la vida acuática, según el estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)[1]. El estudio refleja que dentro de la muestra de agua analizada se encontró coliformes fecales, fenoles -siendo la industria del café uno de los principales emisores. También se encontró fosfatos, los fertilizantes agrícolas probablemente sean la principal fuente de este contaminante (MARN, 2017). Además, se encontró metales pesados, en particular arsénico y boro. Esta situación llevó a prohibir cualquier nueva inversión en la industria minera en 2017-. La exposición constante a contaminantes puede provocar enfermedades graves y afecta directamente la salud de las familias.
Asimismo, se estima que gran proporción de las tierras agrícolas en El Salvador están contaminadas, lo que compromete la producción de alimentos seguros. Las mujeres rurales, responsables, en gran medida, de la agricultura de subsistencia, enfrentan desafíos adicionales para garantizar la seguridad alimentaria de sus familias. La contaminación del suelo por productos químicos y residuos industriales afecta directamente su capacidad para cultivar alimentos saludables.
El país carece de datos precisos sobre la extensión de tierras dedicadas al cultivo de caña de azúcar, pero se estima que el 70% de la tierra cultivable se utiliza para la caña. Este cálculo se hace en función de los resultados de la cosecha anual. En estas localidades, la escasez de agua se agrava, ya que el cultivo de caña requiere un riego intensivo. La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES)[2] indican que para irrigar una hectárea de tierra dedicada a la caña de azúcar se necesitan aproximadamente 5,000 metros cúbicos de agua al año, lo que equivale a aproximadamente tres veces el consumo anual per cápita de agua de una persona en El Salvador. Agrega que la industria cañera usa herbicidas y agroquímicos en todos los ciclos de producción del monocultivo. Entre ellos, el glisofasato, el paraquat y el 2,4D según investigaciones Dow Agro Sciences. La organización mundial de la salud señala el glifosato como sustancia cancerígena.
Las comunidades han manifestado, en reiteradas ocasiones, que el incremento de la producción de azúcar trae como consecuencia enfermedades como insuficiencia renal, diabetes y daños al medio ambiente, entre los que destacan el deterioro del suelo, la destrucción de biodiversidad, alteraciones del microclima y contaminación. Además, señalan que el aumento de enfermedades renales se debe al consumo de agua contaminada con agroquímicos utilizados en el cultivo de caña.
Se advierte además que numerosas personas padecen enfermedades renales crónicas debido a la contaminación del agua por agroquímicos. La exposición a contaminantes del agua y el aire ponen en riesgo la salud, con consecuencias que incluyen enfermedades graves y problemas de salud a largo plazo. Además, la contaminación de las tierras agrícolas y los recursos hídricos compromete la seguridad alimentaria, aumentando la carga sobre las mujeres rurales que deben encontrar formas de alimentar a sus familias en condiciones cada vez más difíciles.
Es preciso contar con una Ley marco de cambio climático. Algunos países cuentan con leyes específicas que facilitan establecer regulaciones para prevenir, planificar y responder de manera urgente, coordinada y sostenida a los impactos del cambio climático; estas deben comprender un Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático y la participación amplia de la ciudadanía y organizaciones, en el diseño y de planes, programas y acciones relativos a la adaptación climática[3].
Es prioritario, diversificar la producción agrícola orientada a la seguridad alimentaria, mediante sistemas de incentivos diferenciados a nivel territorial para reducir los altos niveles de vulnerabilidad en las zonas rurales e implementar estrategias como la restauración de ecosistemas críticos para impulsar el desarrollo de la economía rural, basada en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y recuperar los medios de vida de las zonas rurales. También es necesario incorporar una perspectiva ambiental con enfoque de género e interseccional, en las estrategias y apuestas económicas de país, que permitan afrontar las condiciones de degradación y desigualdad social, que constituyen factores determinantes para la vulnerabilidad existente en gran parte del territorio y de la población salvadoreña.
A la actividad asistieron periodistas, comunicadores/as institucionales, organizaciones y diferentes personas de la academia, quienes reflexionaron sobre la gravedad de la situación medio ambiental y la urgente necesidad de accionar para contrarrestar estos daños.
El convenio Manos que alimentan es una estrategia financiada por AECID El Salvador implementada por Asamblea de Cooperación Por la Paz, Solidaridad Internacional Cordes Región III, Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz y REDES.
Participantes en el conversatorio, de izq. A der. Ivania Minero, de CORDES, Oscar Amaya, de Director del Laboratorio de Toxinas Marinas de la Universidad de El Salvador (LABTOX- UES) y Vilma Vaquerano, coordinadora de Observatorios ORMUSA.
