San Salvador, lunes 15 de agosto de 2022. La Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (REDFEM), presentó, este día, el Informe sobre la situación de violencia contra las mujeres 2022 incluyendo a las que enfrentan discapacidad y la actualización del Índice de Seguridad Ciudadana de las Mujeres.

La intervención inicial estuvo a cargo de Neus Bernabéu, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en El Salvador, quien planteó que “UNFPA como parte de la Iniciativa Spotlight impulsa el trabajo donde la violencia contra las mujeres y las niñas es un área central a la base de tres pilares: intervención de todos los sectores, transformación de las normas sociales y culturales y el acceso a la información y la generación de datos para la orientación de las políticas públicas con un énfasis especial, pues uno de los productos que nos presentarán es cómo adaptamos esa respuesta multisectorial a las necesidades de las mujeres con discapacidad”.

Posteriormente, se dio paso al ciclo de ponencias iniciando con Sara Hércules, economista y consultora quien presentó la actualización del Índice de Seguridad de las Mujeres 2021, destacando que a partir de la actualización realizada el departamento de La Unión es el que aparece con la menor inseguridad para las mujeres durante 2021, mientras que La Libertad se convierte en el departamento más inseguro.

A partir de la información a la que se obtuvo acceso para la actualización del subíndice de violencia 2021, se identifica que San Salvador y Santa Ana son los departamentos con mayor violencia para las mujeres, seguido por Cuscatlán y Cabañas.

En el subíndice de bienestar para la actualización de 2021 se incluyeron variables, aunque no fue posible tener acceso a información en todas las que lo integran. El subíndice de igualdad no fue posible actualizarlo con datos de 2021 en variables como: brechas de jefaturas de hogar, de analfabetismo, de asistencia escolar, de participación laboral y la salarial por no tener acceso a la información, lo cual hace difícil que el subíndice pueda ser comparable con los años anteriores.

Para conocer los detalles de los subíndices, ingresar en:
https://bit.ly/3PAszku

La segunda ponencia sobre la Revisión y adaptación de servicios esenciales para mujeres con discapacidad en situación de violencia estuvo a cargo de Claudia Carolina Vásquez y Carmen Elena Martínez destacando entre sus conclusiones que debe garantizarse que la legislación nacional sea acorde a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en todos sus artículos. Además, se planteó que debe recabarse, analizar y difundir datos y evidencias sobre las situaciones de violencia que enfrentan las mujeres con discapacidad y las barreras para salir de dichas situaciones de violencia; y utilizar esa información para monitoreo, rendición de cuentas y diseño de políticas públicas inclusivas.

La tercera ponencia fue realizada por Silvia Juárez de ORMUSA como parte de las organizaciones que integran la REDFEM y quien expresó antes de dar a conocer los hallazgos que “Este informe nos invita a ser una reacción activa sobre la situación y condición que viven las mujeres. Para la REDFEM siempre es una necesidad contar con evidencia que nos pueda mostrar cuáles son esas condiciones que enfrentan las mujeres, porque solo a partir de esa evidencia seremos capaces de construir políticas públicas asertivas”.

Este informe ha incluido y ha hecho un énfasis no solo en dar una data alrededor de lo que ocurre a las mujeres y la violencia, sino también recuperar la experiencia, la vivencia de las mujeres, especialmente con discapacidad y desde ese relato construir las necesidades que tienen y los posibles avances.

El informe parte del análisis de evidencia, de datos estadísticos existentes que reflejan la violencia contra las mujeres, identificando el sexo y edades de las víctimas y victimarios, hechos de violencia por prevalencia geográfica, indicadores del trabajo jurisdiccional especializada, categorías como el sexismo, capacitismo, caracterización de la violencia contra las mujeres y la ruta crítica de las víctimas de violencia.

Entre los principales hallazgos se destaca que:

Gran porcentaje de mujeres víctimas de violencia que buscan apoyo en oenegés es porque en las instancias públicas encuentran obstáculos como: la burocracia de los procesos judiciales y administrativos, lo que provoca dilación en la emisión de una resolución; la revictimización y la falta de garantías procesales, entre otras.

Aunque la Constitución de la República de El Salvador determine que la justicia es gratuita, para las mujeres que enfrentan violencia, el acceso a ella tiene un costo muy alto, debido a que implica gastos de transporte, alimentación, el cuidado de personas dependientes, entre otros, tomando en cuenta que la tramitación de un proceso administrativo o judicial requiere realizar varias diligencias.

Asimismo, las que trabajan de manera informal dejar de percibir ingresos económicos para gestionar sus procesos y las que cuentan con un trabajo formal enfrentan descuentos de salario y hasta riesgo de despidos. Abonado a ello las entidades públicas contribuyen a elevar aún más estos costos ya que provocan que las usuarias lleguen varias veces, aun cuando las diligencias puedan realizarse en una sola cita. Esta situación se agrava aún más cuando las mujeres víctimas son jefas de hogar y sus familias dependen totalmente de ellas. Por tanto, esta realidad impide el acceso a justicia para las mujeres que no cuentan con recursos económicos.

La mayor parte de víctimas que activan el sistema de justicia no obtienen reparación integral, puesto que hablar de ello significa, de acuerdo a instrumentos internacionales, la realización de acciones encaminadas a deconstruir la estructura desequilibrada, discriminatoria y asimétrica en la vida de hombres y mujeres, para evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir, y contribuir a erradicar la idea social de superioridad de los hombres e inferioridad de las mujeres. Sin embargo, la normativa interna no está armonizada con los estándares internacionales, limitándose en la legislación procesal penal a acciones de tipo pecuniario como: acción civil, indemnización, devolución de los objetos o pago de daños.

En materia de Derecho a una Vida Libre de Violencia para las mujeres, la reparación debe otorgarse de acuerdo a la normativa internacional como la convención Belém Do Pará; sin embargo, pese a que los estándares internacionales se convierten en leyes de la República al ser suscritos por el Estado, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento, no son tomados en cuenta por las personas administradoras de justicia en sus resoluciones, debido a la inexistencia de un control de convencionalidad y en consecuencia no hay un reconocimiento y garantía de reparación a las mujeres víctimas de violencia.

Es importante mencionar que la jurisdicción especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las mujeres ha hechos algunos avances en la búsqueda de reparación integral a las víctimas de acuerdo a estos parámetros internacionales.

Es de destacar que en los últimos años no han cambiado las manifestaciones de violencia contra las mujeres, lo que ha cambiado son los medios para ejercerla, sobre todo, con el avance de la tecnología puesto que las redes sociales y los medios telemáticos, acrecientan el impacto de la violencia contra las mujeres y niñas.

En la sociedad salvadoreña impera históricamente una cultura machista que impone a las mujeres víctimas soportar en silencio la violencia que enfrentan bajo la falsa creencia que “el agresor va a cambiar” o que “son responsables de lo que viven y por tanto se lo merecen”. Esta realidad evidencia que el Estado salvadoreño no ha realizado acciones serias encaminadas a cambiar patrones culturales que fomentan ideas y estereotipos que normalizan la violencia contra las mujeres y niñas, violentando así sus derechos humanos.

El movimiento feminista ha logrado que el Estado reconozca formalmente que la violencia contra las mujeres es un problema público, pero en la práctica se identifica que, tanto las instituciones gubernamentales como la sociedad misma mantienen la idea que se trata de un problema de las víctimas, debido a la persistencia de mitos y prejuicios que justifican la indiferencia social ante la problemática y la inactividad del Estado en la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres.

En los últimos años, se evidencian diversos retrocesos relativos al marco normativo a favor de los derechos de las mujeres entre los cuales se mencionan:

• El desinterés de las autoridades de gobierno por la defensa de los derechos de las mujeres, lo que se traduce en la desaparición de la Secretaría de Inclusión Social, el poco apoyo al proyecto Ciudad Mujer y la disminución del presupuesto destinado a las instituciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres
• El estancamiento de los avances en beneficio de los derechos de las mujeres y el riesgo eminente de perder los ya existentes como el caso de las unidades institucionales de atención especializada.
• El bajo perfil del ISDEMU como ente rector de las políticas públicas a favor de las mujeres.
• La postergación de la implementación de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Se identifica que más que modificaciones a la normativa y demás instrumentos jurídicos que favorece a los derechos de las mujeres, es urgente su aplicabilidad eficiente y adecuada, para ello es imprescindible la capacitación sistemática sobre el contenido de estos instrumentos con enfoque de género.

Es urgente incluir en el acceso a justicia para las mujeres con discapacidad los ajustes razonables, es decir, “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas a las necesidades específicas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, en igualdad de condiciones” (Art. 4 lit f de la “Ley especial de inclusión de las personas con discapacidad).

Se identifica que la principal causa de violencia contra las mujeres es la discriminación que existe por ser mujeres, abonado a ello se entre cruzan otros sistemas de opresión, multiplicando sus desventajas, sobre todo a aquellas que enfrentan discapacidad, puesto que hay mayor dificultad para desarrollarse como persona, por falta de acceso a educación, a un trabajo formal, a la justicia, por tanto puede ser discriminada por ser mujer, por su discapacidad, por su condición económica, por pertenecer a la zona rural, por su bajo nivel educativo, por ser adulta mayor, entre otros.

Las mujeres con discapacidad enfrentan diversas manifestaciones de violencia que son muy peculiares debido a su condición, por ejemplo, muchas son esterilizadas desde muy jóvenes sin tomar en cuenta su opinión, obligadas a abortar, destinadas al trabajo doméstico y del cuidado sin remuneración, se les niega la oportunidad de formación académica y laboral, limitando su independencia económica y desarrollo de vida. No se les reconoce su ciudadanía plena, limitándoles incluso la participación en diligencias dentro de sus procesos legales; se desconoce sus derechos sexuales y reproductivo incluido el derecho al placer sexual, asumiéndolas como seres asexuados, lo cual las expone a mayores riesgos de enfrentar violencia intrafamiliar y sexual, entre otras formas de violencia.

Debe existir mayor articulación entre las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y las organizaciones de mujeres con discapacidad, para unificar esfuerzos en beneficio de todas las mujeres y hacer mayor incidencia.

Los sistemas estadísticos de datos sobre violencia contra las mujeres de las entidades públicas deben mejorar la información registrada, agregando indicadores y variables con mayores desagregaciones de datos, incluyendo datos sobre mujeres con discapacidad entre otras poblaciones vulnerables que, hoy por hoy, están invisibilizadas. Además, deben ser actualizados constantemente.

Con respecto a las personas con discapacidad es preciso señalar que El Salvador no cuenta con un sistema oficial y general de información completa y funcional que registre de manera precisa las personas con discapacidad. Las fuentes de información se identifican principalmente entre instituciones estatales de rehabilitación y organizaciones de personas con discapacidad.

Existe falta de sensibilización del personal servidor público que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres, lo que determina la necesidad de focalizar acciones destinadas a procesos de capacitación que incidan en su concientización en la problemática de violencia contra las mujeres incluyendo las mujeres con discapacidad.

Al finalizar el ciclo de ponencias se abrió espacio para consulta, preguntas y respuesta y las palabras de cierre estuvieron a cargo de América Romualdo en representación de la REDFEM, quien enfatizó: «Lo más importante es no olvidar que lo que estamos tratando de cambiar es un sistema de convivencia que genera desigualdad, que genera discriminación, que genera violencia».

Este esfuerzo contó con el apoyo de la Iniciativa Spotlight para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas auspiciada por la Unión Europea y Naciones Unidas. Además de la cooperación de la Asociación Internacional de Solidaridad y Cooperación (Suds), con el auspicio de la Agencia Catalana de Cooperación para el Desarrollo (ACCD) y el Ayuntamiento de Cataluña en la ejecución del proyecto Anawanti: Fortaleciendo organizaciones feministas de Mesoamérica y sus alianzas para avanzar en la erradicación de las violencias contra las mujeres.