RED FEM manifiesta preocupación por reiteradas expresiones de poder desde las instituciones gubernamentales

Nosotras feministas, que luchamos contra la violencia y el uso de cualquier potencia bélica, así como la concentración absoluta del poder, EXPRESAMOS:

Que, desde la toma de posesión del actual gobierno, señalamos que una de sus principales obligaciones, era y continúa siendo, la de consolidar la igualdad y fortalecer los mecanismos para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Esto, debido a recibió un Estado que había iniciado un proceso hacia la transversalidad del principio constitucional de igualdad, en la búsqueda del desarrollo de las mujeres y la eliminación de las brechas de desigualdad que, hasta la fecha, estas últimas siguen colocando en desventaja a las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.

En esa oportunidad recordamos a las nuevas autoridades que, en materia de seguridad ciudadana e igualdad, el movimiento feminista había conseguido que algunas de sus demandas fueran retomadas por las instituciones estatales competentes en cumplimiento a los mandatos de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE).

1. Estas demandas generaban las condiciones mínimas para que el nuevo gobierno las convirtiera en una oportunidad y las potenciara. Entre ellas están: La aprobación de políticas institucionales de equidad e igualdad de género y sus planes de acción;
2. Establecimiento de servicios públicos de atención especializada para las mujeres, como las UNIMUJER ODAC;
3. Mecanismos para el abordaje de la violencia y discriminación por razones de género contra las mujeres al interior de las instituciones públicas;
4. Funcionamiento del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información sobre hechos de violencia contra las mujeres.

Al inicio de la nueva administración gubernamental, la RED FEM reconoció que las estadísticas de los últimos cuatro años sobre muertes violentas de mujeres mostraban una tendencia hacia la disminución, menor a la observada en las muertes violentas de los hombres. Lo anterior demostraba que las políticas en materia de seguridad tienen un impacto diferenciado debido al género, ya que se identifica un alza en otros hechos de violencia contra las mujeres, como la violencia sexual, cuyo impacto es mayor para las víctimas cuando son conminadas a transitar por un embarazo forzado e incluso orilladas a finalizar con sus vidas.

Frente a esa realidad, la RED FEM subrayaba que uno de los principales retos y compromisos del nuevo gobierno, debía ser el realizar todas las acciones pertinentes y urgentes para cuestionar y desmontar el modelo hegemónico de masculinidad que, coloca a los hombres en una posición esencialmente dominante, en el marco de un sistema de discriminación y subordinación contra las mujeres; así como romper el círculo perverso de victimización sexual, imposición de embarazos y criminalización del aborto, que afecta especialmente a las niñas y adolescentes.

Y desde ese momento, se explicó que en el contexto de la sociedad salvadoreña, la vinculación de esa masculinidad hegemónica con organizaciones criminales y pandillas que, se alimentan y reproducen de la imagen y el estatus social del hombre violento, haciendo ver que las respuestas estatales altamente militarizadas, reforzaban este tipo de masculinidades, con altos costos para la integridad y vida de las mujeres.

En el marco de los 100 días de mandato presidencial, las organizaciones que integran la RED FEM y la Resistencia Feminista por la Vida y la Salud de las Mujeres, también advertimos la ocurrencia de múltiples hechos que denotaban la poca importancia que merece, para el nuevo gobierno, la seguridad de más de la mitad de la población -las mujeres-. Iniciando la gestión con un desconocimiento y minimización sobre áreas como la violencia feminicida, así como abordajes desde un Plan de Seguridad conocido como “Plan Control Territorial” con poca transparencia y nula participación ciudadana, el cual, de acuerdo con lo que se ha observado en la puesta en marcha de su primera fase, es carente de un enfoque de derechos humanos y diferencial para las inseguridades que enfrentan las mujeres en el país.

En aquel primer periodo del nuevo gobierno,  la  RED FEM emitió preocupación frente a decisiones de la presidencia de promover y mantener dentro del gabinete, figuras que claramente han expresado prácticas misóginas, violentas y de discriminación contra las mujeres, ligadas a carteras centrales como son las responsables de la seguridad y las juventudes, y se insistió en la necesidad que las políticas en materia de seguridad incluyeran como objetivo la erradicación del imaginario cultural que perpetua y naturaliza la violencia contra las mujeres.

También se evidenció que, en las medidas enunciadas por las autoridades sobre el Plan de Control Territorial, carecía de acciones y presupuesto específico para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. En un país donde 7 de cada 10 mujeres han expresado haber enfrentado un hecho de violencia a lo largo de su vida, esa omisión resulta crítica.

En cuanto a la simbología presente en las celebraciones oficiales del Día de la Independencia Nacional, fue calificada como alarmante la forma en que se hizo un espectáculo de la potencia bélica y militar sobre la ciudadanía civil, como una invitación a mostrar terror, fuera de todo margen de ley, siendo un retroceso simbólico y perverso a los Acuerdos de Paz, tras décadas de lucha para construir un sistema democrático, de garantías constitucionales, y que de nuevo colocan a las mujeres en miedo y en desprotección.

Además, la RED FEM ha manifestado preocupación al detectar prácticas sutiles y expresas de desmontaje de servicios especializados en la atención integral de la violencia y discriminación contra las mujeres, así como la remoción de personal y funcionariado, en todos los niveles, que ha sido ampliamente formado y sensibilizado, según los estándares establecidos en las leyes especiales y por ello, ha exhortado sobre la obligatoriedad que tiene el Estado salvadoreño en cuanto a la prestación de servicios especializados para las mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia y discriminación.

En relación con los acontecimientos lamentables que ha enfrentado el país en los últimos días, la RED FEM reitera su postura de rechazo ante:

• El uso de las potestades constitucionales extralimitado y arbitrario del consejo de ministros encabezado por la presidencia, que invocan la ruptura del orden constitucional, irrespetando el mandato de cada uno de los órganos del Estado y el orden de contrapesos.
• El atentado a la democracia, al no aceptar los procesos y competencias propias de cada órgano del Estado y el pluralismo, así como el irrespeto a los disensos que advierten la demanda de un poder absoluto contrario a los valores de la República, donde el único soberano es el pueblo.
• El uso de la fuerza militar para cualquier fin. La historia ha demostrado que impacta de forma diferenciada sobre la vida y cuerpos de las mujeres, ya que la violencia se agudiza en grandes proporciones, imponiendo valores como la obediencia y sumisión, propios de los sistemas patriarcales y dictatoriales.
• La utilización de los cuerpos uniformados en un escenario de temor que, pretende infundir la intolerancia, autoritarismo, subordinación, para fines que no acogen las demandas de seguridad ciudadana.
  
  Finalmente, se considera que el Estado de Derecho ha sido una conquista de los pueblos y, por lo tanto, como sociedad civil organizada es nuestro compromiso aportar a su fortalecimiento dentro de los principios de igualdad, justicia y laicidad.
  
  
  Por lo anterior, las organizaciones que integran la RED FEM, ratificael compromiso ético feminista con las víctimas, y EXIGE:

1. Que el Estado garantice de forma contundente la participación directa de la población en general y particularmente de las mujeres en la construcción de políticas de seguridad ciudadana, sin ellas, el impacto de las mismas continuará siendo sesgado, insuficiente y limitado, dejando fuera la realidad de inseguridad y delincuencia que enfrenta más de la mitad de la población salvadoreña, integrada por mujeres en todas sus etapas vitales.
2. Que el actual gobierno se comprometa a consolidar la igualdad y fortalezca los mecanismos para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres, dando continuidad a los procesos iniciados para la transversalización de la igualdad a fin de garantizar el pleno desarrollo de las mujeres y la eliminación de las brechas de desigualdad existente en el país, que ponen en desventaja a las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional.
3. Concretar los compromisos a través del diseño y ejecución de un presupuesto general de la nación basado en el principio de igualdad y no discriminación contra las mujeres.
4. Que las políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres estén contenidas en planes y programas sostenidos con metas y objetivos definidos y que incluyan presupuestos claros para su implementación.
5. Al Órgano Judicial, a la Fiscalía General de la República y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a velar por el mantenimiento del Estado de Derecho y el respeto irrestricto a los Derechos Humanos.

A toda la sociedad se les motiva a expresar su indignación por todas las prácticas que el sistema patriarcal instala, principalmente las ejercidas por el Estado y sus agentes, para perpetuar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, a través del ejercicio de la contraloría a las instituciones que permitan su erradicación y a solidarizarse con todas las sobrevivientes para transitar a una sociedad pacífica e igualitaria.

Alcanzar la paz y la seguridad es posible si se respeta el derecho de las mujeres a una vida libre de toda forma de violencia