San Salvador, 9 de octubre del 2026. Más de 30 profesionales de la Procuraduría General de la República (PGR) culminaron el curso especializado “Protección del derecho de las mujeres a la propiedad y el patrimonio en los procesos civiles y mercantiles”, un proceso formativo orientado a fortalecer sus conocimientos jurídicos y herramientas técnicas para brindar una defensa pública efectiva, con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.
Durante seis jornadas de formación, las y los participantes profundizaron en contenidos relacionados con la actividad probatoria, la fundamentación de recursos, el manejo de evidencias digitales y las estrategias procesales para la protección de los bienes de las personas usuarias. También abordaron criterios para la defensa de la inembargabilidad del salario mínimo y la protección de los medios de subsistencia familiar.
Durante el acto de clausura, Carmen Urquilla, coordinadora del Programa de Derecho Laboral de ORMUSA, destacó la importancia de que este tipo de procesos formativos trasciendan el ámbito académico y tengan un impacto directo en la atención que reciben las personas usuarias de la defensa pública.
“Para nosotros lo más importante es que esto no se quede en el ámbito teórico, sino que esto se pueda traducir en el ejercicio cotidiano que ustedes realizan de asistencia y de representación legal con las personas usuarias”.
Asimismo, destacó que el impacto de estos procesos formativos debe reflejarse en la atención que reciben las mujeres, las personas adultas mayores y sus familias cuando acuden a las procuradurías del país. Una orientación jurídica certera y una defensa técnica efectiva pueden contribuir a romper círculos de dependencia económica y violencia, y favorecer que las mujeres tomen decisiones autónomas sobre su vida y su patrimonio.
Por su parte, el procurador general de la República, René Escobar, reconoció el aporte de ORMUSA al fortalecimiento de las competencias del personal de la institución y destacó que estos procesos tienen como finalidad mejorar los servicios que se brindan a la población.
“Esto realmente significa para nosotros el fortalecimiento de las competencias, pero sobre todo un mejor resultado en lo que nosotros brindamos a nuestros usuarios y usuarias”.
Escobar también destacó que la protección de los derechos patrimoniales está estrechamente vinculada con la autonomía de las mujeres y señaló que la formación permanente constituye una responsabilidad institucional.
“La protección del derecho de las mujeres a la propiedad y al patrimonio no solo proviene de lo económico, sino que constituye el fundamento para su autonomía y su desarrollo integral”.
Escobar destacó que la protección del patrimonio de las mujeres requiere una defensa técnica rigurosa, capaz de responder a los desafíos de los procesos civiles y mercantiles y de reconocer las barreras que enfrentan para ejercer sus derechos. En ese sentido, instó al personal participante a poner en práctica las herramientas adquiridas, manteniendo como prioridad la protección de los derechos de la ciudadanía.
En representación de las personas participantes, Julia Pineda, defensora pública de la Unidad Patrimonial, señaló que la violencia económica y patrimonial constituye una de las formas de violencia que pueden limitar la autonomía y la seguridad de las mujeres.
“La violencia patrimonial y económica es una de las herramientas más silenciosas y efectivas para perpetuar la sumisión de las mujeres”.
Pineda explicó que situaciones como la falta de titularidad de una vivienda, la exclusión de las mujeres de la gestión de sus bienes o las dificultades para defender sus derechos en procesos judiciales pueden colocarlas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Durante su intervención, destacó que la formación recibida permitió fortalecer herramientas para la defensa en procesos civiles y mercantiles, incluyendo el derecho probatorio, los medios de impugnación, la evidencia digital y diferentes estrategias procesales.
La jornada de clausura finalizó con el conversatorio “Violencia patrimonial y defensa pública: retos para la protección efectiva del derecho al patrimonio de las mujeres”, con la participación de la licenciada Julia Lisseth Pineda de Padilla, defensora pública de la Unidad Patrimonial, y la licenciada Karla María Reyes, experta en derechos de las mujeres y políticas de género.
El espacio permitió profundizar en los desafíos que enfrentan las mujeres para ejercer y defender sus derechos patrimoniales, así como en los retos de la defensa pública para garantizar una protección efectiva de estos derechos.
La actividad también permitió reflexionar sobre la importancia de contar con profesionales con herramientas jurídicas actualizadas y con capacidad para identificar las desigualdades y barreras que pueden afectar el acceso de las mujeres a la justicia en materia patrimonial.
Desde ORMUSA se destaca que fortalecer las capacidades de quienes acompañan y defienden los derechos de las mujeres contribuye a mejorar la respuesta institucional y a avanzar hacia una justicia más accesible, igualitaria y efectiva.
El proceso se desarrolló en el marco del proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres Renovado – Centroamérica (VLMR-CA), con el apoyo financiero de Global Affairs Canada (GAC), a través de Oxfam en Centroamérica.
