Acceso de las mujeres a la seguridad social en El Salvador
San Salvador, viernes 29 de julio del 2022. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), presentó este día los resultados del estudio Mujer y mercado laboral 2021: Acceso de las mujeres a la seguridad social en El Salvador, entre los que se destacan la persistencia de brechas de género desfavorables para las mujeres
La investigación analizó la situación de las mujeres en los sistemas de seguridad social en El Salvador; identificando la legislación, estrategias, visiones y políticas que regulan los sistemas de seguridad social y cómo estos repercuten en los niveles de acceso de las mujeres a las principales ramas de la seguridad social (asistencia médica, prestaciones de vejez, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes).
El empleo en El Salvador continua con grandes deficiencias relativas a ser fuente de estabilidad económica y protección social, en especial para las mujeres. Además, las dinámicas de trabajo no han regresado en su totalidad a lo que solía ser normal antes de la pandemia. Ahora se ha incluido en las formas de trabajar regularmente el teletrabajo. Estas nuevas dinámicas de trabajo generan para las mujeres un condicionamiento mayor de la cantidad de tiempo que dedican al trabajo remunerado.
Sobre el acceso de las mujeres a la seguridad social en El Salvador, los principales hallazgos de la investigación fueron:
- Al tener mayor participación en actividades productivas no remuneradas o no formalizadas por medio de contratos, la cobertura y beneficios de la seguridad social contributiva[1] presentan menor capacidad de cobertura y beneficios desiguales para las mujeres.
- El sistema de salud contributiva administrado por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), reportó que, en promedio, para el año 2021 del total de personas cotizantes la proporción de mujeres fue de 39.93 %.
- Durante 2021, el ISSS reportó que el salario promedio de mujeres cotizantes fue de USD 525.05, mientras que para los hombres el salario promedio es de USD 555.50, confirmando la brecha salarial mostrada en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) en el año 2020. La brecha salarial es del 5.48 % en beneficio de los hombres con brechas más relevantes en sectores como agricultura, información y comunicaciones e industria manufacturera.
- Al igual que en el régimen de salud contributivo, el sistema de pensiones con la mayor cobertura, el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), presentó participación desigual de hombres y mujeres. A diciembre de 2021, las mujeres representaban el 43.23 % de cotizantes, un total de 345 720 mujeres reportadas al sistema SAP. En el caso de los hombres representaron el 56.77 % con un total de 453 951 hombres reportados.
- Tanto del SAP como del Sistema de Pensiones Público (SPP), la cobertura es únicamente del 17.25 % de mujeres en edad de retiro y para los hombres esta cobertura es del 20.18 %. Esta disparidad en coberturas no solo tiene que ver con el menor acceso de mujeres al sistema de pensiones, sino con la esperanza de vida de ambos géneros.
- Tanto en términos de cobertura como de beneficios, en el régimen de salud y de pensiones contributivo las mujeres se ven afectadas con menores beneficios y cobertura, como consecuencia directa de las desigualdades de participación y remuneraciones del mercado laboral. A diciembre de 2021, la pensión de vejez en el SPP fue de USD 470.67 para los hombres y USD 439.03 para las mujeres, es decir 6.7 % menos. Asimismo, la pensión por vejez en SAP fue de USD 652.16 para los hombres y USD 566.88 para las mujeres con un 13 % menos.
- En relación con la Pensión Universal, el Ministerio de Desarrollo Local detalla que del total de personas beneficiarias a 2021 (18 506 personas), el 50.97 % son mujeres. A pesar de ser levemente la población más beneficiada de este programa, sus niveles de cobertura son menores para mujeres que para hombres en relación con la población mayor a 70 años (7.03 % de cobertura en mujeres y 8.82 % hombres).
- En cuanto al sistema de salud pública, según la EHPM 2020, de 56 % de las mujeres que se enfermaron y consultaron, poco más de 258 000 mujeres, el 61 % declara haber recibido tratamiento por parte del sistema de salud pública, ya sea a través de su red de hospitales como de unidades de salud, siendo esta última la más consultada.
El Salvador, recientemente, ratificó el Convenio 102 de la OIT sobre la seguridad social, tanto los convenios como los protocolos requieren ratificación por parte de las autoridades competentes de los Estados Miembros y al ratificarse se vuelven jurídicamente vinculantes o de estricto cumplimiento. El convenio establece normas mínimas aceptadas mundialmente para nueve ramas de la seguridad social: asistencia médica, prestaciones monetarias de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedad profesional, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes. Se exige, además, la realización de valuaciones actuariales[2] de manera regular para garantizar la sostenibilidad de los regímenes de seguridad social. Se han aceptado las Partes II, III, V, VI, VIII, IX y X del convenio que entrará en vigor para El Salvador el 7 de junio de 2023.
En este sentido, el estudio Mujer y Mercado Laboral 2021: acceso de las mujeres a la seguridad social en El Salvador puede contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia, para la armonización de normas a fin de superar los vacíos, contradicciones, insuficiencias o prácticas inadecuadas en materia de seguridad social que no permitan el acceso y cobertura de la población y que generen brechas o desigualdades de género.
Entre las recomendaciones que se plantean en el estudio están:
- Fortalecimiento de la institucionalidad relativa al diagnóstico y diseño de políticas sociales. Cualquier intento de fortalecer e impulsar la seguridad social desde un enfoque universalista y de derechos pasa por el fortalecimiento institucional en la creación de políticas públicas. La necesidad de dependencias y unidades técnicas que cuenten con la capacidad de hacer diagnósticos adecuados de los problemas socio económicos de la población es imperativa.
- Cumplimiento y fortalecimiento de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Al ser el único instrumento vigente de planeación de la política social se vuelve crucial la exigencia del cumplimiento de este para evitar mayores retrocesos en la protección y seguridad social de la población.
- Implementación transversal del enfoque de igualdad de género en las políticas sociales y en los sistemas de seguridad social. Este enfoque debe de superar las visiones asistencialistas en las que las mujeres no se entienden como sujetas de derechos sino solo desde su rol materno y de reproducción; ya sea en la seguridad social, asistencia médica o en los programas de alivio de la pobreza.
- Frente a una reforma al sistema de pensiones. Todas estas reformas han carecido de un abordaje integral de la superación de desigualdades y exclusiones de género dentro de los sistemas de pensiones. Cualquier intento de mejora de cobertura o suficiencia de los beneficios de personas pensionadas pasa por asegurar una visión transversal de género en su diseño.
- Superación de exclusiones de trabajadoras remuneradas del hogar. En ellas se concentran muchas de las exclusiones producto de la desestimación del valor del trabajo del hogar y del cuidado. Características como la ausencia de contratos, la indefinición legal de un salario mínimo, la desregulación de los horarios; las coloca en situaciones de amplia vulnerabilidad de sus derechos laborales y de su capacidad para ser cubiertas por seguridad social de forma igualitaria y equitativa.
- Fiscalidad para el desarrollo y protección social. Es necesario que la planeación de la política social y herramientas de seguridad social en El Salvador, tanto como reformas especificas a sistemas como el ISSS y los sistemas de pensiones, vayan de la mano de una planeación y responsabilidad de largo plazo de las políticas fiscales y estén asentadas en análisis técnicos de la sostenibilidad financiera de cualquier medida o reforma en este ámbito.
El evento fue presidido por Vilma Vaquerano, en representación de ORMUSA, Carmen Urquilla, coordinadora del Programa Justicia Laboral y Económica de ORMUSA y la consultora responsable de la investigación, Tatiana Marroquín.
