La Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador (FEASIES) y la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) presentan a la opinión pública un resumen de los avisos recibidos sobre vulneraciones a los derechos laborales en el marco de las medidas tomadas ante la pandemia COVID-19 a través de los servicios de asesoría y atención legal brindados por ambas organizaciones.

Este accionar tiene como objetivo dar a conocer a la población en general, la situación de irrespeto a los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras, en su mayoría mujeres. Con esta conferencia se genera un espacio de visibilización y de denuncia pública con el fin de erradicar todo tipo de violencia y discriminación en los lugares de trabajo.

La información de avisos recibidos en las organizaciones desde el 17 de marzo al 20 de julio del 2020, se resume a continuación:

• 364 lugares de trabajo señalados por vulnerar derechos laborales.
• 5110 asesorías laborales brindadas, de las cuales el 2 % fueron a mujeres y el 30.8 % a hombres. Un dato alarmante es que del total, el 49.8 % corresponde a personas trabajadoras menores de 29 años.
• El principal hecho denunciado por parte de las personas trabajadoras fue la suspensión de contratos laborales por pandemia COVID-19 sin el debido proceso y pago de porcentaje que establece la ley. Lo cual, se estima, afectó a 130 226 personas, de estas 59 226 (45.5 %) corresponden a empresas de varios sectores y 71 000 (54.5 %) del sector maquila textil siendo este el sector con mayor número de personas afectadas.
• Se recibieron casos de 4418 personas despedidas de manera injustificada sin recibir sus prestaciones de ley, de estas el 8 % son mujeres y el 69.8 % son hombres. Del total, el 79.3 % corresponde a personas trabajadoras jóvenes menores de 29 años.
• Durante este periodo que se informa, se contabilizaron 105 directivos sindicales suspendidos, 100 mujeres que fueron víctimas de violencia y acoso laboral y 88 personas despedidas por haberse contagiado de COVID-19.

Además de la información recolectada por las organizaciones, genera preocupación los datos registrados por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF)[1] los cuales reflejan que, entre febrero y mayo de 2020, se contabilizó un promedio del 10 % de disminución de cotizantes y un total de 73 072 empleos formales afectados (38 % mujeres y 62 % hombres) por no realizar el pago de cuotas previsionales.

La disminución en el pago de cuotas, en el caso del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)[2], fue del 6 %. De acuerdo con informes, entre febrero y abril de este año, se reportan 53 713 empleos afectados (98 % del sector privado y 2 % del público) debido a la reducción de la actividad productiva por la cuarentena obligatoria domiciliar. Los sectores económicos que muestran tasas más altas en la disminución de cotizantes son: construcción (-20 %); agricultura, caza, silvicultura y pesca (-11 %) y personas trabajadoras independientes (-11 %). Esta información refleja la vulnerabilidad del derecho a la seguridad social para la población trabajadora.

El Decreto Legislativo 593 (vigente desde el día 14 de marzo al 29 de mayo del 2020, vigencia prorrogada a través de los Decretos Legislativos números 622, 631, 634 de fechas 12, 16 y 30 de abril de este año respectivamente, y de la resolución de Inconstitucionalidad 63-2020, de fecha 18 de mayo 2020 de la Sala de Constitucional) ordenaba al ISSS, pagar como subsidio de incapacidad temporal, todos aquellos casos de personas enviadas a cuarentena por sospechas de nexos epidemiológicos o provenir de países donde ya circulaba el virus; siempre y cuando fueran trabajadoras cotizantes al ISSS. Al 25 de junio de 2020, se reporta únicamente 868 casos y cerca de USD 318 815.00 pagados por este concepto.

Ante la situación laboral expuesta generada durante la emergencia por COVID-19, manifestamos:

• Lamentamos el abordaje por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) que, desde el principio no tuvo una apuesta clara y sostenible para mitigar los impactos de la crisis en la población trabajadora. Además de la ausencia de transparencia y la poca información disponible sobre las afectaciones que la pandemia ha tenido en el empleo, lo cual muestra la falta de compromiso y manejo técnico que garantice el respeto a los derechos laborales consagrados en la Constitución de la República, normativa nacional e internacional.
• Durante la pandemia el dialogo social entre empleadores, personas trabajadoras, sociedad civil, gobierno y Asamblea Legislativa ha estado ausente, lo cual no permitió la adopción de medidas viables y sostenibles que permitieran enfrentar las repercusiones ocasionadas por la pandemia en el empleo, dejando a toda la población trabajadora en alta vulnerabilidad.
• El pago de salarios a personas trabajadoras que se encontraban en cuarentena domiciliar obligatoria, no se realizó debido a desacuerdos entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo. Esta situación propició suspensiones de contratos de trabajo y despidos injustificados, cuyo reclamo judicial no pudo realizarse de inmediato, debido a la suspensión de plazos y términos judiciales y administrativos, situación que ocasionó que las personas trabajadoras no pudieran realizar de forma ágil los reclamos ante las instancias judiciales pertinentes, quedando sin ningún ingreso, ni apoyo económico para hacer frente a la crisis.

Frente a esta realidad exigimos:

• Respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a las normativas nacionales e internacionales relativas a la seguridad y salud, las modalidades de trabajo, la protección de categorías específicas de personas trabajadoras, empleos libres de violencia y sin discriminación, protección de salarios, la seguridad social y la protección del empleo como garantía del trabajo decente.
• Es urgente tomar medidas para la ampliación de la seguridad social, incorporar al sistema el seguro de desempleo, garantizar ingresos y proteger a las personas trabajadoras, empleos y empresas en situación de vulnerabilidad.
• Durante las fases de apertura económica, debe garantizarse, de parte de los empleadores, el equipo de protección individual y de bioseguridad para reducir el riesgo de contagio en los lugares de trabajo.
• Al ministro de Trabajo, que fortalezca la tutela con eficiencia y eficacia de los derechos laborales de todas las personas trabajadoras, especialmente de quienes laboran en la actual emergencia sanitaria y otros grupos poblacionales afectados como: mujeres, jóvenes, personas trabajadoras independientes, trabajadoras del hogar remunerado, bordadoras a domicilio, colectivo LGBTI, entre otras.
• Búsqueda de mecanismos para recuperar salarios no devengados durante la cuarentena domiciliar obligatoria, además garantizar salarios a personas trabajadoras consideradas población en riesgo de contagio de COVID-19: mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas de 60 años que no pueden incorporarse a sus labores.
• La Asamblea Legislativa debe retomar la discusión de propuestas de normativas que mejoren las condiciones laborales entre ellas: ratificación de convenios 177,189 y 190 de la OIT, Código Procesal Laboral.

San Salvador, 22 de julio del 2020.

[1] Disponible en Superintendencia del Sistema Financiero: https://ssf.gob.sv/informe-estadistico-previsional/

[2] Disponible en: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/isss/documents/estadisticas