San Salvador, 28 de abril de 2021. Representantes de la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) en El Salvador, la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños y de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) inauguraron el Curso de formación especializada dirigido a mujeres abogadas y defensoras populares para atención a mujeres víctimas de violencia.
Con este curso se pretende apoyar a las mujeres que día a día defienden a otras mujeres brindándole las herramientas necesarias. Este proceso va más allá de solo conocer la normativa, brindará las herramientas de posicionamiento y empoderamiento en la agenda política para defender los derechos. Se verá de manera crítica esos enfoques e interpretaciones que no suelen enseñarse en las universidades: de género, interseccionalidad, no sexista, entre otros, informó Silvia Juárez.
Para Miguel Lasfuentes, representante de ACPP El Salvador, “Es un privilegio acompañar estos esfuerzos y estrategias que abonan a procesos de transformación”. Este curso está dentro de una acción más amplia que parte de una realidad donde se dan altísimas situaciones de violencia contra las mujeres y la niñez.
Lasfuentes añadió que “En este proyecto nos hemos planteado acciones formativas, de sensibilización social, de fortalecimiento de las organizaciones de mujeres en el territorio para el ejercicio de su contraloría social y tratar de abonar hacia la mejora del marco normativo en lo territorial y nacional”.
La explicación de la metodología y uso de la plataforma virtual donde se desarrollará el curso estuvo a cargo de Nancy López, especialista en desarrollo de proyectos de capacitación de Innovación y Desarrollo, empresa consultora.
Este proceso de formación especializada está estructurado en 5 módulos a impartirse por medio de sesiones sincrónicas y asincrónicas durante 8 semanas.
En el curso coinciden más de una treintena de mujeres entre abogadas, lideresas en los territorios e integrantes de diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Este curso se realiza en el marco del proyecto Estrategias de contraloría ciudadana y reforzamiento institucional para una política de seguridad con enfoque de género que reduzca la vulnerabilidad social ante la violencia con financiamiento de la Unión Europea.