San Salvador, 25 de septiembre de 2025. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA en coordinación con la Procuraduría Especializada de los Derechos Laborales de la Procuraduría General de la República, PGR desarrollaron el conversatorio sobre violencia y acoso en el trabajo: responsabilidades del Estado y del sector empleador.
El espacio permitió reflexionar y dialogar sobre los retos que se enfrentan como sociedad para garantizar espacios laborales libres de violencia y discriminación, poniendo al centro los derechos de las personas trabajadoras.
Carmen Urquilla, coordinadora del programa Justicia Laboral y Económica de ORMUSA expresó que “no pueden verse (mecanismos alternos de conciliación) como simples trámites de descongestión judicial… por eso se necesita dejar atrás la lógica de conciliaciones rápidas y avanzar en procesos con enfoque de derechos humanos, de género e interseccionalidad”.
Melvin Zepeda, procurador especializado de derechos laborales planteó la importancia de actualizar y fortalecer las capacidades del personal sobre las implicaciones del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT en las relaciones laborales del sector público y privado.
El conversatorio fue dirigido a profesionales de la defensoría pública laboral, de la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres, UIAEM, de la Unidad de Mediación de la PGR y representantes del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Las ponencias abordaron las temáticas sobre:
✅El derecho antidiscriminatorio frente a la violencia en el ámbito laboral a cargo de la Lcda. Silvia Juárez, coordinadora del programa Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en ORMUSA.
✅Violencia y acoso laboral: responsabilidades del Estado y del sector empleador a la luz del Convenio 190 y Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT por la Dra. Hazel Bolaños, consultora.
El espacio permitió reunir a profesionales de diferentes unidades de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y contó con la cooperación de Brücke Le Pont.
