La Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM) y la Red Feminista frente a la Violencia contra las Mujeres (REDFEM), ante la abstención del Gobierno de El Salvador y el voto de la empresa privada contra el Convenio 190 de la OIT, se adhiere a las expresiones de preocupación de los diferentes sectores laborales y sociales del país, que perciben en tales posiciones, la ausencia de compromiso por garantizar a toda persona trabajadora el derecho a un trabajo libre de violencia.

En la 108.^a Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) realizada en Ginebra, en junio de 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó un convenio y una recomendación contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El Convenio 190 y la Recomendación 206 buscan proporcionar un marco claro para la adopción de medidas tendientes a erradicar la violencia laboral, al tiempo que brinda la posibilidad de construir, relaciones laborales libres de violencia y acoso.

En tal sentido, el derecho de toda persona a un mundo del trabajo sin violencia ni acoso no se había articulado tan claramente hasta ahora en ningún tratado internacional. Sin embargo, en la votación tripartita final (sindicatos, empresas y gobierno) sobre la adopción del Convenio 190 se obtuvo un total de 439 votos a favor, incluido el de los representantes de los trabajadores (sindicatos) de El Salvador, 30 abstenciones entre ellas la del Gobierno de El Salvador y únicamente 7 votos en contra, uno de los cuales correspondió al sector privado del país.

En consonancia con esto último, en un comunicado reciente de la Federación de Entidades Privadas de Centro América, Panamá y República Dominicana (FEDEPRICAP), distribuido por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), se conoció el acuerdo de las gremiales empresariales de promover ante los gobiernos de la región la NO RATIFICACIÓN de los instrumentos recién adoptados por la OIT.

En El Salvador, las personas trabajadoras y especialmente las mujeres continúan expuestas a diversas acciones constitutivas de violencia laboral que vulneran derechos fundamentales y atentan contra la dignidad, la integridad física y psíquica, el bienestar económico, la seguridad y salud ocupacional. De hecho, las estadísticas relativas a la violencia laboral lo confirman:

• Según estimaciones de la Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 2017 de la DIGESTYC[1], 436,048 mujeres encuestadas fueron agredidas en el ámbito laboral.
  El 36.90 % sufrió alguna agresión por parte de compañeros de trabajo y otro 36.30 % por parte de sus patrones y jefes. Asimismo, el 91.80 % de las agresiones contra las trabajadoras ocurrió en el espacio laboral, siendo víctimas de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual o simbólica.
• Según datos del Informe de Hechos de Violencia contra las Mujeres, El Salvador 2018[2], en ese año hubo un total de 190 hechos de violencia contra las mujeres registrados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). Esta institución, además, reportó que la primera causa de las infracciones interpuestas en su labor de inspección del trabajo es por despido de mujer embarazada (55.26 %) y la segunda fue por acoso laboral (17.37 %).
• En el balance dado a conocer a inicios de 2019 sobre las empresas e instituciones vulneradoras de derechos laborales, realizado por la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres (CEDM), se reporta que durante 2018 se denunciaron 84 lugares (empresas e instituciones) de trabajos y alrededor de 1,020 denuncias de personas trabajadoras, de las cuales el 60.73 % corresponden a empresas del sector privado, correspondiendo el 35 % de estas a hechos constitutivos de violencia laboral.
• Asimismo, un estudio realizado por ORMUSA en 2017[3] señala que el alto costo social y económico de la violencia laboral resultan demasiado elevados para las víctimas y que rebasan su capacidad financiera y rendimiento laboral, ya que implican un efecto directo psicoemocional, es decir, evidencia la presencia de riesgos psicosociales en el empleo, pues también los ataques son continuos y sistemáticos por parte del perpetrador sobre la víctima y por lo tanto, no tienen solo repercusiones en su salud psíquica sino que también acaban afectando su salud física al punto de poner en riesgo su vida. Esta situación empeora cuando la víctima es una mujer embarazada.

En las condiciones en que las personas trabajadoras laboran, especialmente mujeres, personas con discapacidad y comunidad LGBTI, es necesario el compromiso de las organizaciones laborales, gremios empresariales y del Estado en la adopción y ratificación de los nuevos instrumentos internacionales del trabajo, que les garanticen la protección a sus derechos y dignidad humana.

Por tanto, es de vital importancia que, desde el Órgano Ejecutivo, concretamente, desde los ministerios de Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores, se garantice la pronta adopción y ratificación del Convenio 190 y su Recomendación 206, dado que el nuevo convenio reconoce que «la violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir un incumplimiento o una inobservancia de los derechos humanos y poner en riesgo la igualdad de oportunidades». De modo que, al hacerlo, el Gobierno estará enviando un mensaje claro a la ciudadanía de su compromiso con los derechos humanos de la población trabajadora, especialmente con quienes se enfrentan día a día con hechos de discriminación y violencia en el mundo del trabajo.

La ANEP ha solicitado, en varias ocasiones, que se active el Consejo Superior del Trabajo (CST), así como reglas claras para la instalación de las tripartitas y el respeto para el empresariado. Además, apoyó campañas como “Acercando la justicia a las mujeres”, manifestando, a través de su presidente: “la empresa privada está comprometida a prevenir la violencia contra las mujeres…”[4]. Sin embargo, sin una excusa razonable, promueven la oposición a la adopción, ratificación y aplicación de convenios que brindan condiciones de trabajo dignas para la población trabajadora.

Por lo anterior, se hace un llamado al empresariado salvadoreño a adoptar una actitud coherente con el momento histórico actual sobre el debate y los acuerdos nacionales e internacionales sobre los derechos humanos, incluido el derecho de las personas a trabajar en ambientes libres de discriminación y violencia, lo cual, también redundará en una mejor productividad para sus empresas.

En este sentido, es importante que la población trabajadora organizada o no, instituciones defensoras de derechos humanos, feministas y sindicatos promuevan y demanden la pronta adopción y ratificación del Convenio 190 y su Recomendación 206, instrumentos que se han venido impulsando desde 2015 para avanzar en la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y que, actualmente, cuenta con el respaldo de la comunidad internacional al haber sido adoptado por la OIT con la participación de empleadores, gobiernos y ciudadanía trabajadora de 87 Estados Miembros.

[1] DIGESTYC. Encuesta Nacional de Violencia Contra las Mujeres 2017. Disponible en: http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/docs/ENVCM%2017.pdf

[2] Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia contra las Mujeres. Informe Nacional sobre Hechos de Violencia contra las Mujeres. El Salvador, 2018. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y Dirección General de Estadística y Censos. Disponible en: http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/docs/Hechos_de_Violencia_contra_las_Mujeres_2018_VF.pdf

[3] Mujer y Mercado Laboral 2017 El Salvador: La violencia laboral contra las mujeres. Desafíos para la justicia laboral. Recuperado de http://observatoriolaboral.ormusa.org/investigaciones/MercadoLaboral2017.pdf

[4] Luna, Stanley. “Fiscalía lanza campaña para prevenir la violencia contra la mujer”. Elsalvador.com, 31 de octubre de 2018. Recuperado de:https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/fiscalia-lanza-campana-para-prevenir-la-violencia-contra-la-mujer/534528/2018/#cookies