San Salvador, 29 de noviembre de 2019. “Avances para garantizar los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y discriminación” fue la ponencia dictada por Silvia Juarez de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) a personal de varias áreas de la Asamblea Legislativa.

La ponencia fue desarrollada en el Foro “Avances en la aplicación de la Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres” organizado por la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa.

En su ponencia, Juarez destacó cinco pautas en los avances y desafíos de la LEIV: la primera es sobre el estado y situación de las mujeres que muestra una disminución de los feminicidios hasta en un 60 %, pero un incremento en la violencia sexual (RED FEM, 2019).

La segunda pauta es sobre el cumplimiento de la LEIV, y cómo se logró evidenciar las expresiones de violencia contra la mujer, dejando en claro que uno de los hallazgos importantes ha sido la transformación del poder público para las mujeres, que ha incluido entre otros, disponer de un Sistema Nacional de Datos que evidencie la realidad de que viven las mujeres. “La DIGESTYC ha levantado una primera radiografía de la situación de la violencia contra las mujeres en el país”, la cual está disponible en línea con datos compilados de, al menos, ocho fuentes de información. “Ese es un gran avance porque nos ha permitido tomar decisiones políticas”, enfatizó Juarez.

De igual forma, expuso que otro avance es la reforma legislativa que ha permitido disponer de al menos 25 cuerpos normativos creados, derogados o reformados a partir de la LEIV y la Ley de igualdad.

La tercera es disponer de más de 114 servicios públicos que han dado respuesta a la situación de violencia contra las mujeres. Esos servicios que atienden las conductas predelictivas del feminicidio como lo son la violencia intrafamiliar, lesiones, amenazas, daño; al intervenir, por ejemplo, a través de las UNIMUJER de la PNC, se está impidiendo feminicidios. En este punto, Silvia Juarez fue enfática en acotar que “El logro del sistema penal no es cuántos feminicidas se condenan, sino cuántos feminicidios se logran evitar”.

Aún con todos estos avances, se han registrado más de 11 000 embarazos en mujeres menores de 19 años, lo cual da cuenta de la estela de depredación que existe, indicó Juarez.

La cuarta pauta es la del presupuesto. Un avance es que, por tres años consecutivos, la Asamblea Legislativa aprobó presupuestos etiquetados a instituciones públicas dedicados exclusivamente para atender la igualdad y la violencia contra la mujer en los ministerios de Salud, Trabajo y Previsión Social; Justicia y Seguridad; en la DIGESTYC y la PNC. El desbalance, según Juarez, es que no se ha transitado de rubros etiquetados a presupuesto en general. Y como un retroceso, para el año 2020 el presupuesto evidencia recortes significativos para la vida de las mujeres, con lo cual se tiene que prever la crisis de riesgos que esto traerá consigo, sobre todo en la salud de las mujeres que son los servicios primarios.

Y la quinta pauta está relacionada en términos de seguridad ciudadana y acceso a la justicia. En esta área, la Asamblea Legislativa con un acuerdo con la Corte Suprema de Justicia creó la jurisdicción especializada. Son siete juzgados, pero tienen competencia casi universal para conocer sobre: violencia intrafamiliar, delitos, acción de protección por discriminación y de medidas de protección.

Estos juzgados especializados han brindado las resoluciones más progresistas en materia de igualdad que en este país se hayan conocido, indica Juarez; sin embargo, advierte que el desbalance es que, son tres juzgados de Instrucción existentes. Para el caso del Juzgado de Instrucción de San Salvador le corresponde el trabajo de 172 juzgados de Paz de siete departamentos. A esto se suma que la cifra anual de denuncias es de 20 000 (SNDVM, 2018), y los juzgados de Paz cuentan con menos de cinco personas como parte del equipo para atender a más de la mitad de la población. Este es un reto que evidencia la toma de decisiones y dónde debe ubicarse el presupuesto.

De igual forma, planteó como parte de los avances la aprobación del Plan de Acción Nacional de Mujeres Paz y Seguridad como una de las recomendaciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sin embargo, es ver la vinculación existente con el Plan Territorial de la actual administración.

Juarez concluyó su ponencia instando a que “Es importante que las mujeres que están en los espacios de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema de Justicia deben estar conscientes del poder que tienen para poder transformar la situación de violencia contra las mujeres”.

El foro contó con las palabras de bienvenida de la diputada del Parlamento Centroamericano, Heidy Carolina Mira Saravia y de la presidenta de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, diputada Audelia López.